Armando Armas: Actuación de la FANB dista mucho del rol que deben cumplir militares
Armando Armas | Foto: Archivo
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Armando Armas, rechazó el balance presentado por el presidente Nicolás Maduro sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
A su juicio, el balance ofrecido por el primer mandatario nacional dista mucho del rol que deben cumplir nuestros militares en defensa de la soberanía
En el comunicado emitido, el parlamentario también aseguró que no hay dudas de que hoy Venezuela es uno de los países más inseguro y más dependiente por la penetración de la corrupción y el narcotráfico.
En este sentido, rechazó de manera categórica que “se pretenda profundizar la discriminación política y utilizar las labores de inteligencia para criminalizar a opositores”.
A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO COMPLETO:
A pocos días de culminar el año 2016, el balance presentado por el presidente Nicolás Maduro sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional, dista mucho del rol que deben cumplir nuestros militares en defensa de la soberanía, la independencia, la Constitución Nacional, el derecho a la vida y la seguridad del pueblo venezolano.
No hay dudas de que hoy somos un país más inseguro, más dependiente, con fronteras más vulnerables y una institución castrense desmoralizada por la penetración de la corrupción y el narcotráfico.
Son muchos los casos que podemos citar, entre ellos la detención de los oficiales del Ejército, Juan José Sorja Ojeda, con 503 kilos de cocaína, y Yorsán José Ojeda Páez, con 400 kilos de marihuana y 10 de cocaína en regiones cercanas a la frontera con Colombia, controlada por efectivos venezolanos tras el estado de excepción decretado por el Ejecutivo Nacional.
En Venezuela se ha incautado este año, cerca de 37,7 toneladas de drogas, más del doble de la decomisada en 2015, cuando se alcanzó un total de 17 toneladas. Los sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Antonio Campos Flores y Franki Francisco Flores de Freitas, fueron enjuiciados en Estados Unidos, tras ser encontrados culpables de intentar transportar 800 kilos de cocaína provenientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y que sacarían por el aeropuerto de Maiquetía. La aeronave era piloteada por Pedro Miguel Rodríguez, efectivo de la FAN.
Cada vez es mayor la presencia de los movimientos armados en la frontera, que han incentivado delitos como narcotráfico, secuestro, extorsión, contrabando, lavado de dinero y minería ilegal. Diferentes organizaciones de Derechos Humanos y dedicadas a la seguridad ciudadana han denunciado que grupos guerrilleros como las Farc o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacen vida en estados como el Táchira, Zulia, Apure, Barinas, Portuguesa, Trujillo, Amazonas, Bolívar y hasta en Guárico.
Al menos 40 oficiales están incursos en el narcotráfico, según reseñan los medios de comunicación nacional e internacional. Entre los casosmás emblemáticos se encuentran el del ministro de Relaciones Interiores y Comandante General de la GNB, Néstor Reverol, y el del general Edylberto Molina, exsubdirector de la agencia antinarcóticos y actual agregado militar en Alemania, acusados por una corte de Nueva York por su presunta participación en una conspiración para distribuir droga a escala internacional. En la lista también estánFreddy Alirio Bernal Rosales, Amílcar Figueroa Salazar, Henry Rangel Silva, Ramón Emilio Rodríguez Chacín y Hugo Carvajal Barrio.
Mientras, militares retirados, desde lo rangos más altos hasta los más bajos, sirven de testigos protegidos en lo Estados Unidos, como el Capitán Leamsy Salazar, exjefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez, y el exministro de Alimentación y Transporte, y expresidente de Bolipuertos el Mayor General Hebert García Plaza.
En la Subcomisión Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Asamblea Nacional, recibimos las denuncias de los familiares de José Lepage, estudiante de la Escuela de Tropa Profesional de la Guardia Nacional Bolivariana, muerto el 24 de enero, en Isla de Guara, estado Delta Amacuro, por trato cruel de sus superiores. Situación similar ocurrió con Bryan Vargas Cegara, de 18 años, estudiante de la Escuela de la Guardia Nacional “Martín Bastidas Torres” en Ramo Verde, quien falleció en el hospital Victorino Santaella en Los Teques, estado Miranda, el jueves 4 de febrero, por presunta deshidratación. Ángel David Sánchez y Williany Amaro de la Academia Militar del Ejercito Fuerte Tiuna, fueron recluidos y en el Hospital Militar de Caracas “Carlos Arvelo”, como consecuencia de torturas, golpes y maltrato psicológico.
Todo esto demuestra que los derechos de libertad e igualdad consagrados en la Constitución Nacional y de los que se ufana el régimen, han sido violados consecutivamente. No se puede culpar a fuerzas externas ni a quienes representamos a la mayoría del pueblo venezolano que reclama un cambio de modelo político, de la grave situación de hambre y miseria en la que ha sumido el gobierno de Nicolás Maduro a millones de venezolanos.
En las masacres de Cariaco y Barlovento también están involucrados funcionarios castrenses. Cinco funcionarios adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas) fueron privados de libertar por su presunta responsabilidad en la muerte de nueve hombres y las heridas ocasionadas a otros tres, durante una discusión ocurrida en 11 de noviembre en el sector Porvenir, de la población del estado Sucre. Otros de 18 efectivos del Ejército Nacional Bolivariano, en la presunta desaparición y asesinato de una docena de personas que fueron detenidas durante un despliegue de seguridad en el municipio Acevedo del estado Miranda durante el mes de octubre. Una de las víctimas es un adolescente. El 5 de octubre, tres mujeres y ocho hombres, la mayoría entre 17 y 19 años de edad, fueron las víctimas de la masacre de Tumeremo, durante la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) en el estado Bolívar, en el mismo lugar donde el pasado mes de marzo, conmocionó a los venezolanos la matanza de 17 mineros.
Rechazamos de manera categórica que se pretenda profundizar la discriminación política y utilizar las labores de inteligencia para criminalizar a opositores y disidentes mediante el llamado Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), mecanismo inconstitucional dirigido por el Ministerio de Relaciones Interiores y depositado en manos particulares, viciado y contrario al estado de derecho.
Las FAN son un pilar fundamental de la República y deben regirse estrictamente por los postulados de la Carta Magna y la ley. Cada vez que algún funcionario dice que nuestra Fuerza Armada es socialista y chavista para complacer a un régimen corrupto, está incumpliendo el deber máximo de la institución militar, como es la imparcialidad política y el servicio exclusivo a la nación, tal como lo consagra el artículo 328 de nuestra Constitución.
El llamado es a volver al mérito, al reconocimiento del talento y el esfuerzo, el honor en el servicio, la mística y el amor patrio. Estamos seguros que contamos con una gran reserva moral en los componentes de las FAN, que clama porque impere el raciocinio y vez de gastar gran parte de los recursos que ingresan a la nación en la compra de armas en el exterior para combatir a un enemigo imaginario, lo que quieren es que permitan el ingreso de alimentos y medicinas para que no mueran más personas a causa de la crisis humanitaria.
Confiamos en los soldados patriotas y en la voluntad del pueblo que el 6 de diciembre de 2015 votó para que se produzca el cambio definitivo del modelo político fracasado que hoy nos gobierna. Seguiremos transitando el camino democrático, constitucional y pacífico hasta lograr enrumbar al país por el camino de la paz y la prosperidad.