Régimen de Maduro con la censura a la orden: 54 veces fue violada la libertad de expresión durante el mes de octubre

Imagen referencial. Fuente: Notitotal

El paso de octubre dejó un total de 54 violaciones a la libertad de expresión, correspondientes a 26 casos en los cuales periodistas, medios de comunicación y ciudadanos vieron su derecho a la información vulnerados por cuerpos de seguridad, funcionarios e instituciones del Estado.

Durante el mes registramos al menos nueve casos en los que la censura evitó que los contenidos se difundiera: el cierre de dos emisoras, censura a un programa de televisión, hostigamiento judicial para exigir que se cancelara un evento, y la negativa de permisos para la presentación de una película en el país.

El 1 de octubre cuatro funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), procedentes de la ciudad de Caracas, visitaron la estación radial Médano Radio, 95.5 FM y les decomisaron los equipos de transmisión por no tener concesión, la cual ha sido solicitada por los dueños del medio sin obtener una respuesta del ente regulador.

La emisora de la red de Radio Fe y Alegría 103.7 FM del estado Apure quedó fuera del aire el lunes 28 de octubre debido a la quema de la tarjeta de audio de la estación tras un apagón general que afectó a la región, dejando a más de 500 mil habitantes de la región sin información.

Walter Martínez, periodista y conductor del espacio televisivo Dossier transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), denunció el 3 de octubre que el programa fue interrumpido por órdenes de Gustavo Cedeño, de Prensa Presidencial, por lo que se vio en la obligación de suspender la emisión del mismo.

A través de la red social Twitter, Martínez escribió: “Es mi deber informar que una vez más me interrumpieron Dossier para poner un en vivo de embuste e impertinente y decidí suspenderlo. No fue culpa de @VTVCanal8 sino de un tal Gustavo Cedeño de @PresidencialVen que violando mi contrato se creyó con autoridad para destruir la emisión”, apuntó.

El cine y las limitaciones al arte se replicaron en octubre, una práctica de censura que aplica el Gobierno ante obras que critican la gestión estatal. Mario Silva, ancla del espacio La Hojilla, transmitido por el canal del estado Venezolana de Televisión, hostigó el 5 de octubre a José Alberto Olivar, Jonás Estrada y Jorge Orellano, profesores de la Universidad Simón Bolívar (USB), quienes llevarían a cabo el cine foro El chavismo: la peste del Siglo XXI dentro del recinto universitario el miércoles 9 de octubre.

Tres días después el tribunal trigésimo sexto de primera instancia estadal de Caracas, emitió una orden en contra de las autoridades de la Universidad Simón Bolívar exigiendo la paralización de la difusión y promoción del cine foro El chavismo la peste del siglo XXI. En la orden se le solicita a los organizadores detener la difusión del material audiovisual, ya que según investigaciones del Ministerio Público, contiene información que puede interpretarse como los delitos de “promoción o instigación al odio”, apelado por la ilegal normativa contra el odio emanada de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.

Por otra parte el director de la película Infección, Flavio Pedota, denunció que el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) no le otorgó la certificación como película venezolana para que se estrene en el país. Pedota aseguró que luego de casi 9 meses y muchos requisitos, la institución seguía sin responder su solicitud: “Escribo esta carta luego de casi 9 meses de lucha contra la institución gubernamental de Maduro que funciona como filtro de censura para las películas venezolanas, el CNAC”, expresa el comunicado.

El estreno de la primera película de zombies hecha en Venezuela estaba prevista para el 31 de octubre, pero la falta de respuestas del CNAC en aprobar la permisología que diera estatus de “película venezolana” lo hizo imposible.

Funcionarios que se identificaron como parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), intentaron detener el 1 de octubre a la presidenta de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, Caracas. La periodista había olvidado sus lentes en la Subdelegación Propatria y cuando regresó a buscarlos vio entrar a un hombre no identificado quien saludó a un grupo de uniformados que estaban en la puerta.

Minutos después, cuando Siciliano ingresaba a la estación del metro Propatria, ese hombre junto a otros uniformados le dijo: “tú te vienes con nosotros, somos funcionarios del Cicpc”, forcejearon con ella para intentar meterla en un vehículo, pero la periodista comenzó a gritar y la reacción de las personas que estaban en el lugar permitió que la dejaran tranquila.

El fotógrafo y corresponsal del Circuito Regional de Noticias, Julio César Rojas, también fue víctima del abuso de poder cuando fue retenido, golpeado y robado por sujetos desconocidos el 21 de octubre cuando iba a bordo de un taxi en Acarigua, estado Portuguesa. Rojas narró que lo bajaron a las 3:00 de la tarde del carro, lo encapucharon, le quitaron su teléfono, cámara fotográfica y lo trasladaron a un sitio desconocido y lo liberaron seis horas después.

Lo acusaron de ser el administrador de una página en la red social Instagram en donde han publicado información sobre personas con negocios ligados al Gobierno nacional: “los captores me decían que era yo, pero como la página publicó en ese momento, se dieron cuenta que yo no era. Los llamaron y les dijeron que se habían equivocado de persona y que me soltaran”.

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Efectivos de seguridad intimidaron a la periodista Luisángela Delgado y al reportero gráfico Ángel García, trabajadores del diario Primicia, cuando intentaban hacer cobertura de un choque el 4 de octubre en el que están involucrados oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y una sexagenaria.

Delgado detalló que un funcionario del FAES vestido de civil se acercó y le dijo que a García lo estaban solicitando los demás oficiales. Luego fueron rodeados por al menos seis policías con armas largas quienes les obligaron a borrar las fotografías que habían tomado calificándoles de “amarillistas” y afirmando que “armarían una película con un simple choque”.

Ese mismo día tres sujetos identificados con gorras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), interceptaron el carro donde se trasladaba el equipo del medio Nueva Prensa Digital en la zona industrial Matanzas, Puerto Ordaz, estado Bolívar, donde buscaban información sobre la construcción del Complejo Industrial Manuel Carlos Piar. Los funcionarios tuvieron una actitud violenta hacia los reporteros, quienes pensaron que los iban a robar. Uno de los efectivos, con una actitud intimidante, hizo que una de las reporteras borraran todas las fotografías del trabajo realizado, mientras que otro funcionario apuntaba con un arma larga.

Andrés Rodríguez, reportero gráfico del portal El Pitazo, fue víctima del hurto de su teléfono celular mientras cubría la concentración del oficialismo el jueves 24 de octubre en la plaza La Candelaria, Caracas. Rodríguez tomó varias fotografías de la jornada mientras esperaba que el presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, terminara su discurso en tarima. En ese lapso sucedió el hurto del equipo celular y no logró identificar quién fue porque todos los presentes tenían vestimenta roja.

En el centro del país, funcionarios de la Policía de Aragua (PoliAragua) intimidaron a tres periodistas que cubrían un incendio registrado en la emergencia pediátrica del Hospital Central de Maracay (HCM), el pasado 7 de octubre. Los trabajadores de los medios realizaban registros fotográficos y tomaban testimonios del hecho que afectaba el área de emergencia pediátrica cuando un funcionario policial retuvo el carnet de identificación de una de ellas y exigió borrar el material.

Jhoalys Siverio, corresponsal del portal digital Crónica Uno en el estado Bolívar, fue obligada por funcionarios de la GNB a borrar un material que grabó el 25 de octubre sobre una denuncia de conductores que estaban en cola por abastecimiento de gasolina desde el día anterior en la estación de servicio de la urbanización Ventuari.

Un funcionario de la PNB intimidó e hizo borrar fotografías al reportero gráfico, Johnny Parra, de diario La Nación el 8 de octubre, cuando cubría una pauta sobre las colas en las estaciones de servicio en el sector Barrio Obrero, San Cristóbal, estado Táchira.

“Hicimos un sondeo en la estación de servicio Zerpa, tomé mis respectivas fotografías y entrevistamos a algunas personas (estaba con el periodista Freddy Durán). Decidí tomar unas fotos cercanas a la estación de servicio pero algunas no salieron bien porque es muy tenso cargar una cámara y hacer el trabajo a escondidas”, señaló.

El fotorreportero destacó que posteriormente fueron perseguidos por unas personas a bordo de una moto vestidos de civiles, quienes dieron la voz de “¡alto! ”, metros después los alcanzaron y se bajó un oficial de la PNB, quien sacó su arma y los obligó a que se identificaran e indicaran qué estaban haciendo.

El Gobierno venezolano le negó la entrada a Venezuela al periodista británico, John Carlin, el pasado lunes 7 de octubre quien fue invitado a una conferencia de nombre Mandela y el camino a la paz, horizontes posibles para Venezuela.

Al respecto, el comité organizador de la visita, calificó de “inexplicable” la decisión del Gobierno venezolano al impedir la visita del británico, pues aseguran que en el evento, el invitado contaría historias de otros países que estuvieron en contextos similares al de Venezuela, para así emprender un camino hacia las posibles soluciones sociales y políticas de cara a intentar dar luces sobre la situación de nuestro país.

Con información de La Patilla