Fiscal de NY sobre los narcosobrinos: Se trató de un plan descarado de tráfico de cocaína
Fiscal de Nueva York, John H. Kim |Foto cortesía
Tras conocerse la sentencia que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, el fiscal interino del Distrito Sur de Nueva York, John H. Kim dijo que los dos condenados pasarán muchos años en una cárcel de los Estados Unidos por haber participar en un “plan descarado de tráfico de cocaína”, publica Maibort Petit en su blog.
Campo Flores y Flores de Freitas fueron condenados por conspiración para importar más de 800 kilogramos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos. Kim confirmó que el juez neoyorquino había dictado sentencia de 18 años de prisión a los familiares de la primera dama de Venezuela el 14 de diciembre de 2017.
El fiscal destacó en su declaración que los dos hombres habían sido hallados culpables por un jurado el 18 de noviembre de 2016, tras un juicio de dos semanas ante el juez Paul Crotty.
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Kim dijo que parte del dinero que se buscaba en la conspiración era para financiar la campaña electoral de la Primera Dama de Venezuela y tía de los implicados, Celia Flores. “Campo Flores y Flores de Freitas diseñaron un plan para trabajar con la organización terrorista FARC para enviar -literalmente- toneladas de cocaína a los Estados Unidos”.
En el juicio celebrado en noviembre pasado, un jurado unánime vio su trama como lo que era: una conspiración masiva de distribución de drogas, afirmó Kim.
El fiscal dijo que con la sentencia dictada por Crotty, “los familiares de la pareja presidencial venezolana pasarán muchos años en una prisión estadounidense, por participar en este descarado plan de tráfico de cocaína”.
El funcionario del gobierno de los Estados Unidos hizo un recuento del caso y comentó que la evidencia presentada en el juicio probó que a partir de agosto de 2015 Campo Flores y Flores de Freitas trabajaron con otros sujetos en Venezuela, México, Honduras y otros lugares, para urdir un plan que buscaba traficar drogas a EEUU.
Dijo que la conspiración por la cual fueron condenados los dos hombres venezolanos “incluyó -al menos- un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización terrorista extranjera. Los sentenciados tenían como objetivo de despachar grandes cantidades de cocaína en aviones privados desde las instalaciones controladas por el presidente venezolano Nicolás Maduro en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela”.
Prosiguió señalando que la tía de los demandados, Cilia Flores, es la Primera Dama de Venezuela, y durante la investigación, Campo Flores y Flores de Freitas les dijeron a los informantes que actuaban bajo la dirección de la DEA, que tenían la intención de usar parte del producto de su tráfico de drogas para financiar la campaña electoral de la esposa del presidente Maduro, quien era candidata a un escaño en la Asamblea Nacional de Venezuela en diciembre de 2015.
Señaló que “las comunicaciones electrónicas incautadas en los teléfonos de los demandados también demostraron, entre otras cosas, que Campo Flores y Flores de Freitas habían participado en un plan para solicitar sobornos a los deudores de la empresa estatal de petróleo y gas natural de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA , a cambio de promesas de que un primo, Carlos Erik Malpica-Flores, haría que PDVSA aprobara y pagar ciertas deudas”.
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A principios de octubre de 2015, un individuo que estaba cooperando con la DEA en Honduras (“CW-1 o El Sentado”) informó a la DEA que un ciudadano hondureño había presentado al testigo cooperante a dos venezolanos, identificados posteriormente como los acusados, que estaban interesados en enviar aviones cargados de cocaína con planes de vuelo de apariencia legítima desde Venezuela a Honduras.
El 3 de octubre de 2015, Campo Flores y Flores de Freitas viajaron a San Pedro Sula, Honduras, en un avión privado para asistir a una reunión con CW-1 para discutir el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar al Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez en Roatán, Honduras. Dos días después de la reunión, Campo Flores envió mensajes de texto a CW-1 que decía: “Lo que quiero es comenzar a trabajar porque la campaña electoral ya casi está aquí y yo siempre contribuyo. . . [con] dinero si sabes lo que quiero decir es por eso que quiero comenzar a trabajar”.
A fines de octubre de 2015, dos fuentes confidenciales que trabajaban bajo la dirección de la DEA (“CS-1” y “CS-2″) viajaron a Caracas, Venezuela, para reunirse con los acusados. CS-1 pretendía ser el jefe mexicano de la organización de tráfico de drogas con la que CW-1 estaba afiliado, y CS-2 pretendía ser un asociado de CS-1. El 23 de octubre de 2015, durante una reunión grabada por los informantes de la DEA, Campo Flores explicó: “[M] y mamá, es decir, Cilia Flores, se postularán para las elecciones y yo necesito. . . $ 20 millones. . . . En otras palabras, la cuestión del dinero. . . lo necesitamos para diciembre de 2015”.
Durante la misma reunión, Campo Flores reiteró: “Deseamos tomar posesión nuevamente de la. . . Asamblea Nacional y. . . varios lugares con poder”, acota Kim en su declaración.
Más adelante, el fiscal recordó que en otra reunión registrada en Caracas el 26 de octubre de 2015, “Campo Flores describió el plan de los acusados de usar parte de las ganancias del narcotráfico para sobornar a funcionarios venezolanos locales que anticiparon asistirían a Cilia Flores en relación con las próximas elecciones. Campo Flores también le dijo a CS-1 y CS-2 que había habido un “acuerdo” que involucraba al oficial venezolano Diosdado Cabello, quien también ha sido sancionado de conformidad con la E.O. 13692 – que permitió a la familia de los acusados “controlar el petróleo por completo en Venezuela”.
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En una tercera reunión registrada en Caracas, el 27 de octubre de 2015, los demandados presentaron a los informantes CS-1 y CS-2 una muestra, es decir un kilogramo de cocaína, refiriéndose a ella como un “pequeño animal”, para que puedan probar la calidad de las drogas, añadió el funcionario.
El 6 de noviembre de 2015, Flores de Freitas y un guardaespaldas viajaron a Honduras en avión privado para reunirse con personas que actuaban bajo la dirección de la DEA y con los conspiradores, incluido el coacusado Roberto de Jesús Soto García, para continuar discutir el envío de cocaína. Durante la reunión grabada, Soto García indicó que numerosos funcionarios en el aeropuerto de Roatán, incluidos militares y policías, participarían en la recepción de la carga de drogas de los acusados.
Flores de Freitas y Soto García procedieron a hacer planes precisos para el envío de drogas durante la reunión, y Flores de Freitas acordó enviar la primera carga de cocaína serían enviada el 15 de noviembre de 2015.
El 10 de noviembre de 2015, los demandados volaron en un avión privado a Haití con la intención de recoger un pago inicial multimillonario por la cocaína. Durante una reunión grabada, Campo Flores describió la conexión de los acusados con un “comandante supuestamente de alto rango” de las FARC, y ambos demandados indicaron que el primer cargamento de droga, que constaba de 800 kilogramos, estaba preparado para despacharse desde Venezuela. Después de la reunión, los dos sujetos fueron arrestados por agentes de la policía antidrogas de Haití, expulsados de ese país y trasladados en avión de la DEA al aeropuerto internacional del condado de Westchester en White Plains, Nueva York.
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Además de los términos de la prisión, Campo Flores, de 31 años, y Flores de Freitas de 33, recibieron la orden de pagar al gobierno de los Estados Unidos una multa de $50,000.
Kim elogió el destacado trabajo de investigación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y la Fuerza de Ataque de Nueva York. Asimismo, el fiscal agradeció a la Oficina de la DEA de Puerto Príncipe, el Centro Nacional de Alcance de Aduanas y Patrulla Fronteriza, Airwing de la DEA, el Gobierno de la República de Haití, a la Policía Nacional de Haití, y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EE. UU. por su ayuda en esta operación que concluyó con una sentencia contra los culpables de delitos de narcotráfico.
Concluyó señalando que el caso había sido manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de su despacho y destacó el trabajo realizado por los abogados estadounidenses auxiliares Emil J. Bove III y Brendan F. Quigley que estuvieron al frente de la acusación de los primos Flores.