Saab vincula a fiscales del MP con corrupción en caso Odebrecht
Tarek William Saab vincula a fiscales venezolanos con corrupción en caso Odebrecht | Foto: Archivo
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró ayer que existió una relación “directa” y “concreta” entre tres fiscales del Ministerio Público (MP), la empresa brasileña Odebrecht y el bufete que asistía a la compañía, Parra Saluzzo, en hechos de corrupción.
En rueda de prensa, Saab indicó que los fiscales (Pedro Lupera, Luis Sánchez y María Gabriela Lucena) habían solicitado medidas cautelares contra los ciudadanos Jorge Faroh Cano, Sergio Ferraz y Maryorie Garboza y contra las cuentas bancarias, bienes y activos de la empresa Odebrecht en Venezuela, que fueron acordadas.
Sin embargo, estas medidas fueron luego levantadas como parte de supuestos acuerdos.
Según Saab, había un contrato entre las partes que revela que el bufete era el que ejecutaba la corrupción que existía en el Ministerio Público bajo el mando de Luisa Ortega Díaz, destituida en agosto por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, y tras una década como fiscal general, por supuestas faltas graves.
En ese sentido, dijo que volvió a solicitar en un tribunal caraqueño una imputación contra Faroh, Ferraz y Garboza, de quienes no aportó mayores detalles.
Parra Saluzzo ha sido vinculado a la exfiscal Luisa Ortega Díaz y su esposo, el diputado Germán Ferrer, ambos disidentes del chavismo, quienes fueron acusados de tener una red de corrupción dentro de la Fiscalía venezolana.
José Parra Saluzzo se encuentra detenido, y según dijo el fiscal general, el ciudadano se ha acogido a la condición de “delación”, por lo que están a la espera de lo que pueda revelar.
El titular de la acción penal en Venezuela, desde que fue designado en el cargo por la ANC, ha dicho que luchará contra la corrupción y que acabará con la impunidad.
Según documentos revelados por el Departamento de Justicia de EE.UU. el pasado 21 de diciembre, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
De acuerdo con esos documentos, los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”.
Los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York señalan que la compañía brasileña pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela entre 2006 y 2015, a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” para “obtener y retener contratos de obras públicas”. EFE