EEUU: Maduro socavó “implacablemente” los Poderes Públicos
Departamento de Estado de los EEUU | Foto: Archivo
Este viernes, el Departamento de Estado de los EEUU emitió un comunicado en el que señala que el gobierno de Nicolás Maduro socavó “implacable e intencionalmente” a los Poderes Constitucionales.
El comunicado responde a la declaración hecha por el mandatario venezolano luego de las palabras del vicepresidente Mike Pence, quien denunció el “abuso de poder” del Gobierno nacional.
“Debemos todos elevar nuestras voces para condenar al Gobierno de Venezuela por su abuso de poder y el abuso de su propia gente, y debemos hacerlo ahora”, indicó Pence este jueves desde Miami.
Como respuesta, Maduro aseveró: “Tenemos nuestras reglas y nuestra Constitución. Tenemos nuestros problemas, algunos los vamos resolviendo, otros nos cuesta, pero son los asuntos de los venezolanos”.
En el texto publicado hoy por el Departamento de Estado, este añade: “Maduro depende cada vez más de los militares de Venezuela para controlar la economía, intimidar a los opositores y suprimir el descontento popular”.
A continuación el comunicado íntegro:
“U.S. DEPARTMENT of STATE
Washington, DC
Junio 16, 2017
Las Américas deben defender la democracia de Venezuela con diplomacia
La diversa familia de naciones de las Américas reconoce que la democracia es una parte de nuestro ADN colectivo. Hace dieciséis años, en el Perú, consagramos este principio con la adopción de la Carta Democrática Interamericana, ratificando el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y obligando a nuestros gobiernos a defender ese derecho.
La Organización de los Estados Americanos nos ha proporcionado durante décadas un foro para debatir nuestros mayores desafíos y actuar juntos para abordarlos. El desafío que tenemos ante nosotros hoy es la vertiginosa desaparición de la democracia en Venezuela.
En el pasado, la OEA ha respondido eficazmente a los golpes de Estado militares que usurparon, o trataron de usurpar, el poder de gobiernos elegidos democráticamente. Mientras que esos golpes militares se desvanecen cada vez más en el pasado, las lecciones más complicadas del “autogolpe” del régimen de Fujimori en Perú -cerrando el Congreso, cooptando al poder judicial y militar para mantener el poder bajo una nueva constitución- han llevado a la creación de la pionera Carta Democrática Interamericana.
En Venezuela hoy, el Gobierno de Maduro ha socavado implacable e intencionalmente a otros poderes Constitucionales del gobierno desde el interior.
Desde que los partidos de la oposición ganaron la mayoría de los escaños en 2015, la Asamblea Nacional de Venezuela ha sido sofocada sistemáticamente por el gobierno de Maduro. Citando alegatos vagos y no probados de fraude electoral presuntamente cometidos por tres legisladores, el gobierno ha negado al poder legislativo el derecho de aprobar leyes y el poder judicial cautivo ha declarado al Congreso de Venezuela “en desacato”, despojándolo de toda autoridad legislativa. Maduro usurpó el derecho de la Asamblea Nacional a nombrar nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, en clara violación del Artículo 296 de la constitución de Venezuela.
Cuando el pueblo venezolano trató de hacer rendir cuentas a su gobierno poniendo el liderazgo de Maduro bajo votación a través de un referéndum revocatorio, el gobierno se escudó nuevamente detrás de vagas acusaciones no probadas de fraude para postergar el referéndum; y cuando quedó claro que el gobierno perdería, se incorporaron a un diálogo fallido.
El artículo 72 de la Constitución de Venezuela establece claramente que todos los cargos públicos cubiertos por el voto popular están sujetos a revocación -un concepto que el ex presidente Chávez defendió vigorosamente para responsabilizar a los gobiernos que olvidan las necesidades de su pueblo. De hecho, Chávez ganó y perdió referendos; Maduro sofocó uno.
Maduro depende cada vez más de los militares de Venezuela para controlar la economía, intimidar a los opositores y suprimir el descontento popular. Más de 331 civiles venezolanos están siendo detenidos y enjuiciados por tribunales militares en juicios secretos. Sin embargo, el Artículo 261 de la Constitución de Venezuela, estipula explícitamente que la jurisdicción de los tribunales militares se limita a delitos de carácter militar. La propia Fiscal General de Venezuela, nombrada por el entonces presidente Hugo Chávez en 2007, condenó los juicios.
El gobierno de Maduro ha tenido todas las oportunidades para poner fin a su alejamiento de la democracia. El pasado mes de noviembre, en conversaciones moderadas por el Vaticano, prometió en una declaración conjunta con la oposición política que permanecería “estrictamente dentro del marco constitucional: una vía democrática, pacífica y electoral”. Sorprendentemente, el régimen no implementó ninguno de sus compromisos públicos derivados de las conversaciones y, en su lugar, ha seguido saboteando la democracia de Venezuela.
Frente a una economía que se desmorona y a una insatisfacción popular masiva, el régimen de Maduro está destruyendo los últimos vestigios del orden democrático. El gobierno ha pedido una asamblea constituyente que abandone la constitución de Chávez y escriba una nueva en un proceso que eliminaría instantáneamente a la actual Asamblea Nacional, a la Fiscalía General y a otras instituciones existentes, pisoteando el sufragio popular y otras exigencias constitucionales.
Cuando un gobierno rompe con la democracia, debemos actuar en solidaridad con su pueblo. No a través de la intervención o la interferencia, sino con la diplomacia y la mediación entre todas las partes, para ayudar a encontrar una solución pacífica, democrática y completa.
Debemos preguntarnos: ¿si estas cosas estuvieran ocurriendo en nuestros propios países, no querríamos que el resto de nuestra familia de naciones americanas hablara y se nos acercara para ayudar a restaurar las libertades democráticas fundamentales y el respeto por las instituciones constitucionales?
Los efectos indirectos de la crisis venezolana son graves y crecientes, ya se trate de los flujos de migrantes irregulares a países de nuestra región o de los crecientes flujos de armas y actividades delictivas que afectan al Caribe en particular.
Todos nuestros países tienen un interés directo en encontrar una solución negociada que restaure el estado de derecho y la prosperidad económica a nuestro vecino en problemas.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos es el lugar para que nos unamos como región y actuemos para impulsar las negociaciones en Caracas con el fin de volver al respeto por la democracia, poner fin a la violencia polarizadora y ayudar al pueblo venezolano a recuperar sus derechos y su poder.”