El “boliburgués incógnito” que quedó al descubierto gracias a los Archivos de FinCEN
Recientemente, gracias a los documentos contenidos en los FinCEN Files, revelados por Buzzfeed News y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), se pudo conocer la supuesta implicación del empresario venezolano Alejandro Ceballos Jiménez con posibles actividades irregulares relacionadas con el sistema financiero internacional.
Aparentemente, la familia de Ceballos está vinculada con propiedades millonarias del sur de Florida. El empresario importa caballos purasangre de Kentucky, tiene inversiones en una mina de oro gigante y disfruta de lucrativos contratos de construcción otorgados por el régimen de Nicolás Maduro, al cual el gobierno de Estados Unidos está, activamente, intentando excluir del sistema financiera internacional. Así lo refirió el portal El Nueva Herald.
Sin embargo, Ceballos no figura en las listas de sanciones estadounidenses, a pesar de que se encuentra entre un buen número de empresarios que han amasado una gran fortuna bajo los regímenes de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.
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De hecho, el hombre de 62 años de edad, dirige Inversiones Alfamaq, un gran negocio de construcción compartido con sus hermanos. La compañía se distingue por realizar obras públicas y por haber construido viviendas gubernamentales en Venezuela.
Así mismo, la familia restauró el hipódromo de La Rinconada. Al parecer, participan activamente en el hipismo venezolano y estadounidense, a través de su empresa Grupo 7C Racing Stable.
Ceballos apareció en el radar de las autoridades cuando un banco de Miami manifestó que era “arriesgado” hacer negocios con el magnate. De hecho, la entidad presentó dos informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) que dan cuenta de transacciones de aproximadamente $262 millones entre abril de 2013 y enero de 2014. Las operaciones fueron ejecutadas entre bancos y compañías offshore que el banco sospechaba que eran de la familia Ceballos.
“El SAR fue presentado para documentar las sospechas del banco sobre el origen de los fondos derivados de los pagos del gobierno venezolano; la posible relación con actos de corrupción extranjera; un uso inusual de múltiples cuentas; fondos enviados a jurisdicciones de alto riesgo y transferencias electrónicas sospechosas; documentación cuestionable o aparentemente falsa; prensa negativa sobre los propietarios [nominales y reales]; y posible asociación con personas en Venezuela bajo examen por la aparente desaparición de fondos”, señala el informe.
Con información de Maduradas