EEUU investiga a dueño de Globovisión por caso de lavado de dinero a PDVSA
El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, es uno de los principales investigados por la Justicia estadounidense en una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), indicó hoy el “El Nuevo Herald”.
Con información de EFE
Según el diario, que cita a fuentes cercanas al caso, documentos presentados esta semana ante la corte muestran que Gorrín contactó con el banquero alemán Matthias Krull, quien este martes pasado se declaró culpable de lavado de dinero tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, para que lavara los fondos malversados de PDVSA.
El presidente del canal privado, que hasta el momento no enfrenta ninguna acusación, habría pedido a Krull en 2016 que participara en el lavado de 600 millones de dólares.
El abogado de Gorrín en EE.UU., Howard Srebnick, negó en una declaración enviada al medio floridiano que el empresario venezolano tenga relación alguna con este caso.
Según el rotativo, EE.UU. congeló esta semana cientos de millones de dólares en propiedades y activos en Florida vinculados a una presunta red de empresarios y exfuncionarios del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Entre los bienes hay cuatro viviendas de lujo vinculadas a Mario Enrique Bonilla, presunto testaferro de los cuatro hijos de Cilia Flores, esposa de Maduro.
Según los documentos de la corte, Gorrín tiene contacto directo con los hijastros de Maduro, que le habrían ayudado a “resolver temas” con el mandatario a través de la intercesión de su madre.
Krull se declaró culpable de “conspiración para cometer lavado de dinero” en una demanda que también involucra a los venezolanos Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de Finanzas de PDVSA; Carmelo Urdaneta, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Francisco Convit Guruceaga y José Vicente Amparan Croquer.
El exejecutivo del Banco Suizo admitió que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para malversar alrededor de 600 millones de dólares de PDVSA obtenidos a través de sobornos y fraudes, y que él se unió en 2016.
Según la demanda judicial, hacia mayo de 2015, la trama supuestamente dobló el monto del fraude a 1.200 millones de dólares desfalcados de la compañía.