Venezolanos con documentos vencidos corren riesgo de ser deportados

Pasaporte venezolano |Imagen referencial

Si en Venezuela es difícil obtener un pase de salida provisional por la escasez de material, en el exterior es aún más cuesta arriba que venezolanos obtengan respuestas que garantice su libertad de tránsito.

Mariela lleva 16 años viviendo en Francia. En 2009 viajó a Venezuela para renovar el pasaporte, pero como no se lo entregaron a tiempo tuvo que regresar a Europa sin el documento. No se fue del país sin antes tener un permiso provisional de salida, que autorizó el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería, y de que le dieran la opción de que un familiar autorizado retirara el pasaporte, que jamás fue entregado.

En siete años el Consulado de Venezuela en  Francia nunca le solventó el problema; y, dada la escasez de material, la única solución que le ofrecieron fue otorgarle otro permiso provisional para volver a su país a repetir el trámite. Volvió en diciembre pasado y se encontró con la crisis y la escasez de material para garantizar el derecho a la identidad.

Pese a que tomó la previsión de estar dos meses en Venezuela para finiquitar la diligencia, no fue suficiente. En la sede central del Saime, en Caracas, expuso su caso y le dijeron que no hay solución porque está bloqueada en el sistema por no retirar el pasaporte en 2009. Como mínimo pasará un mes para volver a solicitar una cita, pero no tendrá el documento antes de marzo por la falta del policarbonato –material que se importa de Alemania– para elaborarlo.

“Estoy en un país en crisis económica y moral. Me pidieron 500 dólares para darme el pasaporte en una semana. Esto es una mafia”, denuncia.

En otras partes la historia es similar. El Consulado de Venezuela en Estados Unidos no atiende los teléfonos ni responde correos electrónicos. Rivero reside en Miami desde 1979 y ahora que afronta problemas para renovar su documento porque el Saime no le fija cita, no puede viajar al país con pasaporte estadounidense pese a que ya tiene esa ciudadanía. “No puede ser que no tenga derecho de ir a abrazar a mi familia”, se queja.

Los hijos de nadie. Hay quienes no pueden entrar a su país y quienes ni siquiera pueden tener una cédula que los identifique como venezolanos. Los hermanos Longart migraron a España con sus partidas de nacimiento cuando tenían 8, 4 y 3 años de edad. Hoy, 14 años después, son considerados apátridas; es decir, personas que no cuentan con una nacionalidad. Y el consulado de Venezuela en ese país no les da soluciones. Solo los censó.

Luego de 14 años los hermanos Longart debían renovar pasaporte, pero sin la cédula que jamás obtuvieron porque se fueron antes de cumplir 9 años de edad no pueden gestionar ese documento.

El mayor necesita el pasaporte renovado para hacer pasantías y graduarse; el menor lo requiere con el fin de ingresar a la universidad, y el otro para aceptar las becas que se ganó en países de Europa. Sus vidas están paralizadas.

La única manera de tramitar el documento es que la familia viaje a Venezuela con el propósito de resolver el problema legal. La madre, María Elena Longart, señala que no cuenta con recursos económicos para pagar el pasaje de sus hijos, su esposo y el de ella misma. El consulado lo sabe, pero la única opción que les da es censarlos para que figuren en una lista de venezolanos que se encuentran en situación similar.

El abogado Carlos Trapani, experto en derechos de niños, niñas y adolescentes, explica las oficinas consulares no tienen competencia para emitir los documentos de identificación, pero en vista de que hay casos de niños que se fueron del país antes de poder gestionar una cédula por ser menores de 9 años de edad, deben reformarse las competencias.

“En el escenario más crítico se extiende la prórroga del pasaporte, pero pueden hasta perder la residencia en donde están viviendo. El gobierno debe adoptar mecanismos porque si es un requisito tener cédula para renovar el pasaporte, se le debe dar esa competencia a las oficinas consulares para permitir la identificación de los niños. No solo en desde el punto de vista jurídico, sino también como política pública”, dice el especialista.

María Elena Longart pudo viajar a Venezuela porque la empresa en la que trabaja realiza anualmente un evento para cumplir el sueño de algún empleado. Todos los trabajadores votan por el compañero de su preferencia.

Este año Longart fue operada por padecer cáncer de mama, y por esa razón decidieron regalarle un pasaje para que visitara a su familia en el país. Aprovechó para pedir ayuda en el Saime, pero allí desconocen que existen trabas y que hay un censo de venezolanos sin identidad. Tampoco dan una solución. “Temo que mis hijos sean deportados porque están ilegales”, expresa.

En el Líbano está otro venezolano, de 22 años de edad, de quien su madre, también nacida en Venezuela, prefirió no revelar la identidad. En 1996 migraron a Siria porque sus abuelos nacieron allí, y no volvieron debido al alto precio de los pasajes. Tras la guerra en ese país el joven cruzó la frontera hacia el Líbano con el fin de ganar dinero y tratar de resolver su problema. Duda sobre viajar a Venezuela, donde no hay material para el documento.

“Estamos intentando que la embajada le haga una prórroga de urgencia al pasaporte vencido porque es algo que se hace en esos casos de emergencia, y así pueda regresar a Siria a casa de su familia. En el Líbano lo han multado ya 3 veces con 100 dólares cada una. Estamos esperando respuesta del consulado venezolano en el Líbano”, manifestó la mujer.

Piden que TSJ agilice decisión sobre gratuidad del pasaporte para niños

Desde marzo de 2015 la Asociación Civil Centros Comunitarios de Aprendizaje espera que el Tribunal Supremo de Justicia agilice la decisión sobre el cobro del trámite de pasaporte a niños y adolescentes que establece la reforma de la Ley de Timbre Fiscal promulgada vía habilitante.

Cecodap señala en su recurso que la normativa genera un conflicto en relación con el pago de tasas para la expedición y renovación en el país de pasaporte a niños, niñas y adolescentes porque “implica una violación del principio de gratuidad reconocido en la Ley Orgánica para la Protección de niños, Niñas y Adolescentes”, y además es una medida regresiva que elimina la exoneración de que gozaban los niños y amenaza el derecho de obtener documentos públicos de identidad que establece el artículo 22 de la Lopnna.

CIFRA

69% de los encuestados por la cuenta @ReporteYa con el fin  de conocer cómo ha sido la experiencia para solicitar pasaporte, respondieron que siguen en espera. Solo a 27% de 157 usuarios se lo entregaron. A 4% le dieron uno provisional.

por Isayen Herrera / El Nacional

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