Organización Mundial contra la Tortura pide investigar desapariciones en Venezuela

OLP | Foto referencial

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El Secretariado Internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) emitió una acción urgente para instar a las autoridades venezolanas a investigar la detención y desaparición forzada de 13 personas durante la realización de Operaciones de Liberación del Pueblo en el municipio Acevedo del estado Miranda, reseñó El Nacional.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz informó a la OMCT que el 15 de octubre, aproximadamente a las 6:40 pm, Carlos Gabriel Marchena Silva, de 20 años de edad, fue detenido en su residencia, localizada en el sector Peica, casa A-01, en Caucagua.

El mismo día, en Capaya, detuvieron a Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Kendri González, Víctor Manuel Martínez, Susano Farfán y Jairo Rivas. Todas las detenciones fueron llevadas a cabo durante una OLP, implementada por funcionarios del Ejército.

“La OMCT teme que estas personas sufran maltratos o que hayan sido víctimas de ejecución extrajudicial, debido a que hasta el momento de emitir este llamado no se sabe nada ni sobre su paradero ni sobre su integridad personal”, reportó la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

Un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana habría informado a los familiares que los detenidos fueron trasladados al Destacamento Camacaro 323, localizado en la parroquia El Café. Sin embargo, allí no los encontraron. Luego se trasladaron hasta el comando de Chaguaramal, en el municipio Pedro Gual, pero tampoco obtuvieron información.

Las denuncias fueron formalizadas ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo y en ambas instancias les dijeron a los familiares que realizarían las diligencias correspondientes. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce el paradero de los 13 hombres. 

El Secretariado Internacional de la OMCT y organizaciones que colaboran con la Red SOS-Tortura en Venezuela han venido denunciando, desde el inicio de la OLP en julio de 2015, graves violaciones de los derechos humanos por parte de agentes militares y policiales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y maltratos, allanamientos ilegales a residencias y destrucción de enseres.


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