Resolución 9855 deja “muchísimas lagunas” y no aclara quién supervisará desincorporaciones
Maryolga Girán, presidenta de asuntos laborales del Conindustria, consideró que la producción nacional no aumentará aun con el decreto de movilidad de empleados, dado que la capacidad instalada de las empresas expropiadas no ha sido evaluada.
“Han pasado años desde la expropiación de algunas de ellas (las empresas), habría que ver en qué estado están, si están operativas, si no hay equipos, porque si los equipos no están operativos no va a ser posible trabajar así”
La Resolución Nº 9855 obliga a las empresas públicas y privadas a ceder sus trabajadores al Estado, quien tendrá el poder de insertarlos de manera temporal, “en aquellas entidades objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción”. El Gobierno sostiene que este decreto busca reactivar y fortalecer el sector agroalimentario del país.
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Sin embargo, Girán explica que la resolución deja “muchísimas lagunas” y no aclara “quién va a ser la autoridad que va a supervisar” esas reinserciones.
“La resolución dice: estamos en un guerra económica, pero, ¿vas a captar a esas personas que te están haciendo la guerra económica?, porque se trata de tomar el recurso humano de empresas privadas que se suponen son las que te hacen la guerra económica”
Explicó que el empleador queda relegado de su obligación de pagarle al empleado si este es desincorporado de sus funciones. El problema -apuntó Girán – es si el empleado se niega.
“Esta resolución lo que ha hecho es confundir más, no queda claro si es una normativa laboral temporal o desarrollo del artículo 2 del Estado de Excepción”
Con información de Globovisión