Nuevo período de sesiones en la Asamblea Nacional iniciarán bajo amenaza

Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional | Imagen de referencia

La Asamblea Nacional de Venezuela, organismo controlado por la oposición, iniciará esta semana un nuevo período de sesiones bajo la conducción de un nuevo presidente, quien deberá enfrentar los retos de un año que probablemente estará marcado por la agitación social y las renovadas amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Publica  El Nuevo Herald

El gobierno, que a lo largo del 2016 logró arrebatarle a la Asamblea gran parte de sus facultades constitucionales, ha dado señales de que pretende terminar la tarea en el nuevo año, en medio del creciente descontento popular y los agudos problemas económicos que enfrenta el país.

“Hay sectores [del chavismo] dispuestos a intentar un golpe palaciego al estilo del ‘Fujimorazo’ peruano, cerrar el Parlamento y buscar reprimir a la oposición cada vez más activa”, advirtió el secretario general de la opositora alianza Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, en declaraciones al diario argentino Clarín.

“No se debe creer que eso pueda ser un absurdo en la Venezuela actual”, agregó Torrealba.

La amenaza pondrá a prueba las cualidades de liderazgo del dirigente opositor Julio Borges, coordinador nacional del partido Primero Justicia, quien el 5 de enero deberá reemplazar al actual presidente de la Asamblea Nacional, el también opositor Henry Ramos Allup.

Borges, quien en el 2016 acusó a Maduro de orquestar “un golpe de Estado continuado” que culminó con la suspensión del referendo para revocar el mandato presidencial, fue uno de los promotores de los esfuerzos de la oposición de enjuiciar políticamente a Maduro en la Asamblea Nacional.

En un breve mensaje de Twitter, Borges dio a entender que retomará ese camino en las próximas semanas. “Maduro, el 5 de Enero, desde la Asamblea Nacional te enviaré de verdad un mensaje”, dijo.

Por su parte, Maduro probablemente continuará utilizando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para desestimar inconstitucionalmente las decisiones de la Asamblea Nacional, mientras enfrenta niveles de impopularidad que rondan el 85 por ciento y una economía que se encuentra en un estado muy avanzado de descomposición.

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