Escasez de anticonceptivos: ¿Guerra económica o responsabilidad del gobierno?
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A continuación reproducimos el contenido de la primera investigación del Grupo de Mujeres Sin Tregua. Como grupo, en el análisis de coyuntura en general, coincidimos en que en los últimos años se ha profundizado el deterioro de las condiciones materiales de la población venezolana, y que esto tiene un alto impacto especialmente sobre las vidas de las mujeres.
Sin Tregua Grupo de Mujeres / Aporrea.org
Por su parte la situación política en general es muy delicada, especialmente por el giro ya abiertamente autoritario del gobierno que plantea la necesidad de reflexionar las condiciones para el ejercicio político en general, pero de forma específica para las organizaciones de mujeres y feministas que reivindican la necesidad de construir una política autónoma y por izquierda del feminismo en Venezuela.
En ese sentido, nosotras, quienes desde hace algún tiempo hemos identificado los malestares que nos produce una política feminista que se hace llamar de izquierda y popular, pero que no es capaz de sostener una agenda coherente de defensa de derechos de las mujeres dado sus compromisos personales y políticos con el gobierno nacional, creemos necesario articularnos en una instancia que nos permita en un principio desde el ámbito editorial comenzar a dar cuenta de los problemas reales de las mujeres venezolanas en el contexto de la profunda crisis que atraviesa la nación.
Para empezar, queremos aportar a la comprensión de lo grave que es la situación de escasez de medicamentos, haciendo énfasis en los anticonceptivos, por tratarse de un problema que afecta particularmente a las mujeres, afectando los ejercicios de sus derechos sexuales y reproductivos, su salud y su vida. Esperamos que sea de utilidad.
Escasez de anticonceptivos ¿guerra económica o responsabilidad del gobierno?
Es público, notorio y padecido desde hace tres años, la aguda escasez que azota a la nación en áreas fundamentales como alimentos, medicinas e insumos médicos. El gráfico a continuación muestra cómo solo entre los años 2013 y 2014 hubo una contracción en la importación física de fármacos del 43%, lo que es particularmente preocupante. Las cifras oficiales de 2015 y 2016 se desconocen. En cualquier caso, estos números y los próximos a considerar hunden la tesis de la “guerra económica”. Es absolutamente previsible que si el Estado decide reducir la importación a casi la mitad y en Venezuela no se producen medicamentos, la escasez es apenas una consecuencia obvia.
En este contexto, nos hemos propuesto indagar sobre el impacto particular que esta situación tiene en la vida de las mujeres, la posibilidad de planificar el número de hijos que quiere tener o no, y el derecho de acceder al tratamiento de alteraciones de tipo hormonal que sufrimos algunas mujeres.
El drama que significa la escasez de anticonceptivos, no está aislado de la relación que guarda con las múltiples denuncias de fraude y corrupción en los procesos de importación de medicamentos. De hecho, las evidencias de un mega fraude farmacéutico han sido difundidas reiteradas veces en el marco de lo que algunos han insistido en llamar ¨el desfalco a la nación¨ o la reproducción lógica de un patrón de acumulación mafioso del capital, que gira en torno a las importaciones con dólares preferenciales.
Según un informe de la firma Bank of América Merrill Lynch, la importación de medicinas con dólares preferenciales en Venezuela eran las más altas en la región: “Solo en 2013, año en el que se conocieron por última vez las cifras de importaciones por sector, Venezuela importó 3,7 millardos de dólares en productos farmacéuticos. Este fue el nivel más alto de compras externas per cápita de todas las economías de América Latina, pues se ubicó 2,1 veces por encima del promedio de la región”. Se ha demostrado y el propio gobierno lo ha reconocido, que muchas de estas importaciones fueron fraudulentas, es decir se realizaron a través de empresas de maletín por lo que nunca llegaron al país las medicinas, llegaron contenedores vacíos o fueron desviados para el contrabando.
A partir del año 2014 la distribución masiva de métodos anticonceptivos y de barrera comienza a diezmar drásticamente ¿Qué sucedió? El gobierno bolivariano decidió importar menos anticonceptivos y medicamentos en general, priorizando una lista de medicamentos esenciales, a los que de paso, tampoco tenemos acceso (antibióticos, hipertensivos, anticonvulsivos, etc) Los anticonceptivos no se encuentran en la lista de medicamentos esenciales establecida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (Mpps), ¿significa esto que son in-esenciales o poco importantes según el criterio del gobierno venezolano?
Para el año 2015 la escasez de anticonceptivos se ubicó en 45,2% y para febrero de 2016 ya se situaba en 80%, lo cual demuestra que a medida que pasa el tiempo la situación solo empeora. Para finales de este mismo año según el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, la escasez de anticonceptivos alcanzó el 90%, rango que supera el índice general de desabastecimiento de medicamentos, que según el directivo de Fefarven es de 80%. Pero la carencia de este tipo de productos se remonta al primer semestre de 2014, cuando la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) levantó su voz para alertar que la escasez de anticonceptivos ponía en riesgo la planificación familiar y violaba el derecho de las mujeres a elegir si quedar o no embarazadas. Previo a este período se comercializaban en Venezuela alrededor de 80 marcas diferentes de métodos anticonceptivos, entre pastillas diarias, píldoras de emergencia, parches, ampollas, óvulos, implantes subcutáneos y condones.
Organizaciones feministas, aliadas o vinculadas con el gobierno, militantes del PSUV, UNAMUJER, e instituciones del Estado como el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (Minmujer) y el Mpps, denunciaron que la escasez de anticonceptivos era consecuencia de un cerco conspirativo contra Venezuela por parte de los laboratorios de fármacos que negaban su venta al gobierno, para restringir el derecho de las mujeres a planificar su reproducción. Sin embargo, los datos expuestos anteriormente, demuestran con claridad que lo que realmente ocurrió fue que de forma discrecional, el gobierno bolivariano, dejó de permitir la importación de las cantidades y marcas anticonceptivas que se importaban anteriormente, dada la escasez de divisas provocada por la fuga de capitales, cambio diferencial, la caída drástica de los precios del petróleo y el pago puntual de la Deuda Externa.
¿Será cierto que la ¨guerra económica¨ está atentando contra la salud reproductiva de la población venezolana o se trata más bien de la indiferencia del gobierno venezolano frente las necesidades y derechos reproductivos de las mujeres?
Las afectadas: 7.277.620 mujeres en edad fértil
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la edad reproductiva de las mujeres, oscila entre los 15 y los 44 años, sin embargo se sabe que este ciclo se puede iniciar antes de los 15 años y prolongarse después de los 44. En Venezuela, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) derivadas del último Censo Nacional (2011) para el año 2016 habrían en el país 7.277.620 mujeres en edad fértil, esta cifra representa el 23,5% de la población general y el 47% de la población femenina nacional. Por lo anterior, no es un tema menor plantear la escasez de anticonceptivos como un gran problema de planificación económica y social, así como de salud pública en general.
En este mismo orden de ideas, y no disponiendo de estadísticas oficiales, el informe de PLAFAM plantea que: “(…) Instituciones de mercado privado estiman que en el 2015 solo se pudo proveer el 10% de los anticonceptivos que consume el mercado venezolano (…)” Para el 2010, la cifra de satisfacción de esta demanda, según este mismo informe era de 89%.
Para finales del año pasado el entonces Ministro de Mpps, Henry Ventura, declaraba que en el mes de diciembre llegaron al país 800.000 cajas de anticonceptivos orales, es decir, las necesarias para cubrir el 11% de la demanda de un mes. Sólo que en este caso se refería a una importación en específico, sin mencionar la periodicidad de reposición que necesita este tipo de tratamiento, y que los mismos serían distribuidos exclusivamente en el sistema público de salud.
La Responsabilidad del Estado Venezolano en este contexto
En Venezuela, histórica y estructuralmente, las políticas públicas diseñadas sobre los derechos reproductivos de las mujeres han tenido un carácter generalizador y a su vez excluyente de las particularidades, como la clase, la etnia y la orientación sexual. Bajo esta premisa, se generan supuestos sobre las necesidades y urgencias en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. En consecuencia, las instituciones y planes del Estado, se atribuye la potestad de decidir por nosotras, y ejercen una intervención directa sobre nuestros cuerpos, sin tomarse la molestia de desarrollar procesos de consulta previa e informada.
A pesar del rango constitucional que desde 1999 tienen los DDSS y DDRR, las mujeres populares urbanas, campesinas, indígenas, lesbianas, y de los sectores más empobrecidos seguimos totalmente desplazadas del ejercicio pleno de nuestra autonomía para decidir en materia de sexualidad y reproducción, carecemos de información, acceso a anticonceptivos y atención ginecológica eficaz y oportuna.
En medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país, se suma la imposibilidad de decidir de qué forma preferimos prevenir un embarazo, así como evitar otros riesgos asociados con el ejercicio de la sexualidad (como el contagio de ITS). Sin alternativas, las mujeres, especialmente las más pobres, deben conformarse con lo impuesto por el gobierno venezolano y su desastrosa política de abastecimiento de anticonceptivos.
En el año 2016 el Mpps inició el plan de distribución de anticonceptivos, con colocación de DIU- e implantes de larga duración en adolescentes y mujeres en edad reproductiva de los sectores definidos como “vulnerables”. El problema con esta política es que se está llevando adelante sin la información sobre los efectos de estos métodos cuando se empiezan a usar a edades tempranas, y sin más opciones para las mujeres que la promesa de tener relaciones sexuales sin que resulten embarazadas, una decisión drástica, completamente aislada, de un política amplia en materia de educación y salud sexual, más allá de lo reproductivo.
Esta medida es aplicada, obviando que el grupo de adolescentes de 15 a 19 años es el que reporta el 20% de los casos de ITS, entre ellas el VPH cuya relación con el cáncer uterino es directa, teniendo en Venezuela un promedio de 11 muertes por cada 100 mil mujeres por esta afección. Al año se diagnostican 4.500 nuevos casos, según reportes del Mpps.
¿Acaso no es mejor acompañar cualquier política de planificación reproductiva con una campaña educativa que nos permita tener relaciones sanas y placenteras en vez de solo limitarnos a la anticoncepción? ¿Qué pasa con los millones de mujeres que no están priorizadas como vulnerables y que desean optar por otras formas de prevenir un embarazo? ¿Qué pasa con sus derechos y garantías de que volverán a acceder al uso de métodos anticonceptivos?
Las Consecuencias: embarazos no deseados, abortos clandestinos e ITS
Antes del año 2014, fecha en la que empiezan a verse con más claridad los efectos de la crisis económica, el Estado venezolano garantizaba de forma más o menos regular la distribución de anticonceptivos de manera gratuita a través de la red ambulatoria de salud. Cualquier persona tenía acceso a píldoras anticonceptivas, condones y (DIU). Aunque esta distribución se realizaba de manera generalizada, sin ser parte de una política integral de salud sexual y reproductiva que incluyera campañas efectivas para prevenir el embarazo adolescente y evitar el contagio de ITS
Desde el año 2014, comienza a reportarse en Venezuela la escasez de métodos anticonceptivos. Este panorama de la miseria cotidiana en la que se ha convertido la vida en el país, coloca a millones de mujeres venezolanas en una situación desesperada. Los tres principales problemas de salud pública latentes debido a la escasez de métodos anticonceptivos son: los embarazos no deseados y su interrupción clandestina, el embarazo precoz y el contagio de ITS.
A pesar de la ausencia de estadísticas oficiales, puesto que el Mpps, descontinuó la publicación del Boletín Epidemiológico desde el año 2015, tanto médicos, como pacientes, coinciden en afirmar que existe una relación directa entre la ausencia a métodos anticonceptivos y el incremento de embarazos no deseados, así como de alteraciones en las pacientes que los consumen para estabilizar deficiencias hormonales específicas. Por otra parte, se ha manifestado también un repunte en las ITS durante el año 2016.
Además de los problemas descritos se presenta uno derivado y es que, las mujeres al no conseguir el anticonceptivo que frecuentemente toman, optan por comprar y usar el que consigan, lo que además de producir alteraciones hormonales que pueden ser graves en sus cuerpos, no tiene ningún efecto en la prevención de un embarazo, o la eficacia de un tratamiento, puesto que al cambiar de anticonceptivo o de molécula, es como si no estuviera utilizándolo, se pierde la propiedad de protección.
Estos son problemas reales y concretos, que están afectando a una parte importante de la mitad de la población. Si el Estado, como es su deber, no garantiza la disponibilidad y el acceso a la amplia gama de métodos anticonceptivos, los próximos años tendrá que lidiar -como de hecho ya está ocurriendo- con serios problemas de salud pública, que más tarde devendrán en problemas sociales graves, como más pobreza, violencia, exclusión y discriminación que distan de la idea de construir una sociedad mas justa e igualitaria.
Conclusiones
La ausencia de anticonceptivos afecta especialmente a las mujeres, es decir a la mitad de la población. Esta situación, caracterizada por la escasez generalizada de anticonceptivos desde el año 2014, sumado a los altos costos de los preservativos, ha llevado a las mujeres en edad fértil a asumir como un riesgo su sexualidad.
Según los datos presentados al inicio de este trabajo, el fraude en la importación de medicamentos realizado hasta el año 2013, sumado a la poca importancia que el Estado le otorga en términos concretos a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población, constituye una violación flagrante de la constitución y de las diversas leyes que garantizan estos derechos.
Frente a esta calamidad, no falta quien aconseje volver a métodos inseguros, y si no queda remedio pues se usan a pesar de su poca eficacia, pero ésta no es para nada una situación adecuada y es hora de interpelar al gobierno para que asuma su responsabilidad en esta materia y esta afectación sobre la vida de las mujeres no se desdibuje en medio del desastre general.
¡Los anticonceptivos son un medicamento esencial!
¡Queremos educación sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Y aborto legal para no morir!
¡Por una Auditoría Pública a la importación de medicamentos!
¡Detengamos el fraude farmacéutico!
Cifras y transparencia: ¡Qué se reanude la publicación de los informes de salud!
¡Qué se muestren los datos!