La Asamblea Nacional (AN) debatió durante la sesión ordinaria de este martes la “persecución política y la violación de la inmunidad parlamentaria” del diputado Gilber Caro, detenido la semana pasada en el estado Carabobo.
El parlamentario Juan Miguel Matheus fue el encargado de iniciar la discusión del acuerdo que fue aprobado por mayoría parlamentaria.
Durante su intervención, Matheus resaltó la necesidad de otorgar responsabilidad penal a los funcionarios que violaron la inmunidad. Cuestionó, además, que el caso no esté en manos de un tribunal normal.
El diputado también se refirió al estado de la democracia en el país y afirmó que “ningún autócrata en Venezuela había atentado contra la institución de la inmunidad parlamentaria como Maduro”. Insistió en que se trata de una violación de los Derechos Humanos.
Por su parte, el parlamentario Germán Ferrer recordó que la inmunidad parlamentaria puede allanarse si se trata de un delito grave que resulte muy evidente.
“Cuando existe un delito flagrante puede obviarse el procedimiento para allanar la inmunidad de un diputado y hacer justicia”, dijo.
No obstante, la presidenta de la comisión de política interior, Delsa Solórzano, señaló que según la Constitución en su artículo 200, el diputado que sea capturado cometiendo un “delito en flagrancia tendrá arresto domiciliario”.
“Los funcionarios que mantienen detenido a Gilber Caro son los verdaderos delincuentes y serán castigados“, apuntó Solórzano.
En el debate también se habló sobre los antecedentes penales del diputado Caro, señalados por el vicepresidente Tareck El Aissami al momento de anuncia la detención.
Al respecto, el periodista Omar González afirmó que el Estado pretende juzgar a un hombre por sus errores pasados sin aceptar que ha cambiado.
“Todo cambia, nada es inmutable. El cambio en Gilber innegable. Pretenden vilipendiar a un hombre que se reinsertó en la sociedad y se volvió un luchador social”, señaló.
Sin embargo, el diputado del GPP por el estado Guárico, Juan Marín, insistió en que el TSJ es el máximo intérprete de la Constitución y no pueden pretender confundir la inmunidad con la impunidad, justificando la reinserción social.