Arquidiócesis de Caracas niega «extorsión» a familias tras denuncias de la hija de Edmundo González Urrutia

La Iglesia venezolana además resaltó que a lo largo de la historia republicana los obispos han sido intermediarios para «lograr el acceso a la justicia o la liberación de los privados de libertad por causa de su posición o pensamiento político» y reiteró su voluntad «inquebrantable» con esta misión.

LA DENUNCIA DE MARIANA GONZÁLEZ

Mariana González denunció el lunes en un comunicado que fue víctima de «tres episodios de extorsión» que provinieron «tanto de personas vinculadas a autoridades» de Venezuela, «como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes».

Aseguró que en estas tres ocasiones «hubo testigos», quienes, afirmó, escucharon «íntegramente» todo lo que se le dijo, y detalló que estas «extorsiones» se «llevaron a cabo en sedes diplomáticas (embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos».

La hija de González Urrutia dijo también que el expediente judicial contra Tudares «es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos» y aseguró que «no existen testigos» ni «existen evidencias» contra su esposo, ni tampoco «hechos demostrables» que constituyan delito.

Mariana González aclaró que «nunca» se le permitió acceder al expediente de Tudares ni se le entregó una copia. Sin embargo, añadió que su esposo, abogado de profesión, «revisó íntegramente su propio expediente y pudo constatar que no había pruebas en su contra».

Por tanto, afirmó que la condena impuesta contra Tudares de 30 años de prisión «constituye una violación absoluta al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa».