CIDH califica de arbitrarias y colectivas las deportaciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide trato particular para migrantes en la frontera | Foto: BBC Mundo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó profunda preocupación ante lo que califica de “deportaciones arbitrarias y colectivas de migrantes colombianos en situación migratoria irregular” realizadas por miembros de la FANB en la frontera del estado Táchira.
En un comunicado, la CIDH urge al Estado venezolano a detener inmediatamente “cualquier expulsión colectiva, arbitraria y/o sumaria” y a asumir las medidas requeridas para resguardar los derechos legales de los migrantes, así como la protección de sus bienes. Piden a las autoridades abstenerse de aplicar acciones para destruir las propiedades de los afectados.
El organismo de la OEA señala que las informaciones recabadas evidencian que en los operativos efectuados por el gobierno “se estarían realizando desalojos forzosos de los colombianos reportándose abusos y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. La forma en que se están llevando a cabo los operativos habría impedido que muchas de las personas pudiesen llevar consigo sus documentos y otros de sus bienes”.
La CIDH también muestra preocupación por las familias que han sido separadas y advierte que las deportaciones colectivas contrarían el derecho internacional.
“Ante la posibilidad de que padres o familiares de personas a quienes les corresponde la nacionalidad venezolana sean deportados, los procedimientos que puedan llevar a la deportación de estas personas deben tomar en consideración el principio del interés superior de los hijos e hijas de los migrantes y el derecho de la persona sujeta a un procedimiento tendiente a su deportación a que se proteja su derecho a la vida familiar y el principio de unidad familiar, según las normas y estándares de derechos humanos”, señalan.
La Comisión Interamericana conminó al Estado venezolano a adoptar medidas para garantizar que no sean aplicados perfiles raciales en las redadas.
“El Estado tiene un deber general de respetar todos los derechos de las personas migrantes, incluido su derecho de vivir libres de discriminación y de toda forma de violencia, a su integridad personal, unidad familiar y propiedad”, destacan.
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Vía | El Nacional