Los CLAP han fracasado por falta de productos, discrecionalidad y corrupción
Los CLAP han fracasado por la escasez de bienes prioritarios, la discrecionalidad en la entrega de las bolsas y la corrupción.
El pasado 13 de abril el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con el argumento de que comenzaba “una revolución económica en el sistema de distribución de alimentos por la vía del socialismo”. Al frente de esa gestión designó al dirigente del PSUV, Freddy Bernal.
Ahora —casi cuatro meses de su creación—, varios especialistas coinciden en que esta medida implementada fracasó porque todavía persiste la escasez de bienes prioritarios, la discrecionalidad en la entrega de las bolsas y la corrupción. Además, se ha incrementado el descontento social.
La nutricionista Susana Raffalli, experta en seguridad alimentaria, aseguró que los CLAP estaban llamados al fracaso desde el principio.
“Tenían que contar con alimentos para distribuir, pero disponían de muy poco. También debían funcionar a partir de una base social organizada para distribuir las bolsas, y el gobierno no la tenía”, explicó.
Raffalli también señaló que no hubo metodología para seleccionar a los beneficiarios, por lo que los integrantes de los CLAP fueron los más favorecidos.
Por su parte, Laura Villegas, habitante de La Quebradita II, contó: “Mis vecinos me han dicho que la gente que colabora allí sale todos los días con bolsas, mientras que a nosotros nos venden una vez al mes”.
Villegas aseguró que desde que se iniciaron los CLAP ha recibido solo dos bolsas. La primera contenía harina de maíz, leche y pasta, mientras que a la segunda le agregaron aceite y pollo, pero estaba descompuesto.
Daniel González, habitante del barrio Andrés Eloy Blanco, en el 23 de Enero, denunció que el CLAP de su sector entrega las bolsas de comida arbitrariamente y cobra de más.
“Antes era una por familia; ahora te la entregan solo si hay niños pequeños en la casa. Además, los CLAP me cobraron 100 bolívares por el transporte para subir la comida a mi casa”, dijo.
González también se quejó del precio: 4.000 bolívares. El costo le pareció mucho para lo que traía y, además, el contenido no era igual.
“Había dos tipos de bolsa, algunas tenían pollo, pero otras solo incluía un kilo de arroz, uno de pasta, leche, dos litros de aceite y una mantequilla, aunque costaban lo mismo”, expresó.
Algo similar le ocurrió a Yorgelis Gutiérrez, vecina del barrio San Pablito, en Ruiz Pineda: “Me ha llegado 2 veces en 3 meses, pero para recibirla tuve que pagarle al consejo comunal un ticket de 50 bolívares para que me incluyeran en la lista”.
Raffalli considera que las denuncias de cobro adicional y la inconsistencia en el contenido de las bolsas evidencian la falta de transparencia en la gestión de los CLAP, pues no rinden cuentas ni son auditables.
Otro especialista agroalimentario, Tomás Socías, señaló que una de las causas del poco alcance y del fracaso de los CLAP “es la corrupción interna y el desvío discrecional de los productos”.
Instrumento político
Ingrid Mújica vive en la calle 16 de El Valle, donde a los vecinos que se oponen al gobierno no les entregan las bolsas. “En el barrio conocen mi posición y me discriminan”, aseguró.
El viernes antepasado, gracias a que la madrina de su hija entró al consejo comunal, pudo obtener una con tres productos. Sin embargo, no está de acuerdo con el mecanismo: “Tengo el derecho de comprar comida sin importar si soy opositora al gobierno”.
Rafalli indicó que el carácter discriminatorio de los CLAP también actúa en su contra porque los ciudadanos deben pertenecer a un consejo comunal para ser beneficiarios.
“Un estudio de Hinterlaces encontró que 74% de los venezolanos están fuera de los CLAP”, agregó.
Lo que sí logró demostrar ese mecanismo fue el poder ciudadano, manifestó la experta.
“Cuando el gobierno anunció que los productos regulados no serían vendidos en los supermercados para entregárselos a los CLAP, la gente se movilizó. Los bachaqueros salieron a protestar porque sintieron que perderían su principal proveedor de bienes a precios controlados, y los consumidores lo hicieron en rechazo de la medida porque no formaban parte de los consejos comunales”.