Defensa de narcosobrinos: Vivían “modestamente” hasta que les ofrecieron “negocio lucrativo” con drogas

Los defensores dicen que sus clientes (Los narcosobrinos) “vivían modestamente en Venezuela” hasta que los agentes encubiertos les contactaron para pedirles que participasen en lo que prometieron sería una oportunidad de “negocio extraordinariamente lucrativo” que involucraba drogas. Los agentes proveerían los aviones para transportar la droga, el contacto que ofrecería la cocaína y hasta el comprador, aseguran los abogados en los documentos.

Los defensores dicen que sus clientes (Los narcosobrinos) “vivían modestamente en Venezuela” hasta que los agentes encubiertos les contactaron para pedirles que participasen en lo que prometieron sería una oportunidad de “negocio extraordinariamente lucrativo” que involucraba drogas. Los agentes proveerían los aviones para transportar la droga, el contacto que ofrecería la cocaína y hasta el comprador, aseguran los abogados en los documentos.

Los abogados de los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores acusaron a agentes del gobierno estadounidense de destruir pruebas que, según ellos, demuestran que son jóvenes corrientes que fueron inducidos a participar en una operación de tráfico de cocaína.

Claudia Torrens / AP 

Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas han sido acusados por las autoridades estadounidenses de asociación delictiva para importar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Los jóvenes de 29 y 30 años, respectivamente, se encuentran detenidos en Nueva York.

Según nuevos documentos del caso que lleva adelante la corte federal de Manhattan, los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas aseguran que los derechos de sus clientes fueron violados cuando agentes estadounidenses editaron y destruyeron grabaciones e imágenes de video “que no encajaban en la narrativa que los informantes (agentes) querían elaborar”.

Portavoces de la fiscalía dijeron a The Associated Press que no hablarán del tema.

Por otro lado, Campo Flores y Flores de Freitas narran en otros documentos lo ocurrido el 10 de noviembre de 2015 cuando fueron detenidos en Haití por autoridades estadounidenses. Los venezolanos aseguran que al principio pensaron que estaban siendo secuestrados debido a su “relación con el presidente y la primera dama de Venezuela”.

Randall Jackson y David Rody, abogados de los jóvenes, aseguran que las grabaciones realizadas en reuniones de sus clientes con agentes estadounidenses encubiertos fueron “estratégicamente desactivadas” en momentos críticos. También dicen que a veces no hay grabaciones enteras de toda la reunión y videos que omiten parte de éstas, además de videos sin sonido en ciertas partes.

“En este caso, el impacto de esta deliberada expoliación es enorme, porque virtualmente el caso entero contra los acusados se basa en las grabaciones que fueron realizadas por los informantes”, aseguran los abogados.

Los defensores dicen que sus clientes “vivían modestamente en Venezuela” hasta que los agentes encubiertos les contactaron para pedirles que participasen en lo que prometieron sería una oportunidad de “negocio extraordinariamente lucrativo” que involucraba drogas. Los agentes proveerían los aviones para transportar la droga, el contacto que ofrecería la cocaína y hasta el comprador, aseguran los abogados en los documentos.

Jackson y Rody dicen en los registros que el gobierno se negó a grabar o destruyó la grabación de una reunión ocurrida en Honduras el 4 de octubre del 2015 en la que los agentes estadounidenses instruyeron a Campo Flores y Flores de Freitas a mentir para que dieran la imagen de traficantes de drogas experimentados. En la reunión, participó un agente encubierto que se hizo pasar por traficante del cartel de droga de Sinaloa, dicen los abogados en los documentos.

Los defensores piden que la corte retire todas las grabaciones y todas las referencias a las reuniones entre sus clientes y los agentes encubiertos o que al menos convoque una audiencia en la que testifiquen los agentes.

Jackson y Rody también aseguran que Campo Flores siguió las indicaciones de los agentes y llevó a una reunión del 25 de octubre del 2015 una sustancia blanca. Los abogados dicen que no hay pruebas de que la sustancia sea cocaína, ya que la muestra que los agentes examinaron con guantes de látex “fue destruida o expoliada” por los agentes antes de ser enviada a un laboratorio.

Campo Flores asegura en su declaración que no tenía forma de saber qué era la sustancia.

“Se me entregó a ningún coste”, declaró el joven, según el documento. “No tengo experiencia con la apariencia o la calidad de la droga”.

Los abogados de los jóvenes venezolanos piden que la corte retire también todas las imágenes y referencias a la supuesta cocaína.

A mediados de mayo un juez aceptó que el 7 de noviembre sea la fecha tentativa para iniciar el juicio de los dos sobrinos. Ambos jóvenes se declararon en diciembre inocentes de los cargos federales, que conllevan una posible sentencia máxima de cadena perpetua.

En los nuevos documentos, Campo Flores declara que ni él ni su primo Flores de Freitas estuvieron jamás involucrados en tráfico de drogas.

“Durante las reuniones con los informantes en otoño del 2015 yo dije en varias ocasiones que carecíamos de la capacidad de ofrecer la cocaína que los informantes decían que querían”, asegura el joven.

Campo Flores expresa en los documentos el miedo que pasó cuando fue arrestado en Port-au-Prince y pensó que estaba siendo secuestrado.

“Dada mi relación familiar con altos cargos del gobierno venezolano, creí que seríamos los objetivos potenciales para una trama de extorsión u otro intento violento de retribución contra mi familia y mi país”, declaró el venezolano.

Por su parte, Flores de Freitas declaró que un agente de la Administración para el Control de Drogas llamado Kimojha Brooks le preguntó si había trabajado o realizado negocios con los dos hijos de la primera dama venezolana.

“Le dije que no. No trabajo con ellos. También me preguntaron sobre mi hijo, que tenía siete años en ese momento”, dijo Flores de Freitas, según los documentos.

Bárbara Carreño, portavoz de la Administración para el Control de Drogas, dijo que su oficina no comentaría sobre el tema.

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