Transnacionales se adueñan de recursos en el Esequibo
La disputa territorial entre Guyana y Venezuela por el Esequibo permanecía dormida hasta el 20 de mayo pasado, cuando la estadounidense Exxon Mobil confirmó que había hallado crudo en el bloque Stabroek, pero la petrolera no es la única que opera en la zona en reclamación.
Desde hace más de 12 años transnacionales auríferas, madereras, petroleras y de explotación de uranio y cobre se han asentado en ese territorio mediante concesiones dadas por Guyana y con el apoyo de los gobiernos de Brasil, Holanda, Canadá y Surinam, afirmó Abraham Gómez, doctor en Ciencias Políticas y especialista en el territorio Esequibo. Mientras que el coronel del Ejército Pompeyo Torrealba aseveró que esas empresas están allí desde hace 29 años.
Jorge Luis Fuguett, coordinador general de la ONG Mi Mapa de Venezuela Incluye el Esequibo, indicó que además en la zona hay concesiones más pequeñas de compañías de la India, España, Reino Unido y Australia. “También hay venezolanos mineros artesanales que explotan recursos por su cuenta, sin que esté involucrada ninguna compañía”, aseguró.
Mientras públicamente el gobierno venezolano se ha hecho de la vista gorda frente a las exploraciones, las empresas están al tanto de la disputa y siguen beneficiándose directamente. “No somos capaces de determinar el impacto total de esta disputa fronteriza en futuras operaciones en Guyana”, dice en su portal Anadarko, firma estadounidense con concesiones desde 2012. Aunque sus operaciones fueron obstaculizadas por la Guardia Nacional venezolana en octubre de 2013, “aun tiene proyección en aguas del Delta Amacuro”, señaló Fuguett.
Hoy, muchas de las compañías han retirado sus plataformas y no operan en el área, aunque algunas ya tienen fecha de regreso para retomar trabajos de exploración y explotación. Gómez afirmó que Exxon, por ejemplo, dueña de 45% de la concesión petrolera en Stabroek y que inició estudios en 2008 junto con la China National Offshore Oil Company y HESS, reubicará su plataforma Deep Water Champion en un mes para continuar estudios.
Otras empresas con concesiones son: Shell, de Holanda, que firmó su licencia de exploración en 2009 y recientemente vendió su parte en Stabroek a Cnooc, aunque actualmente opera en aguas de Surinam; CGX, de Canadá, con permiso desde 2002 y que emprenderá otras exploraciones este año; Repsol, de España, que tiene concesiones desde 2011, de acuerdo con informes empresariales.
Otros recursos. Esta semana los medios dejaron entrever que en septiembre se explotará por primera vez oro en Guyana. Pero varias transnacionales explotan este y otros recursos minerales en la zona disputada desde hace tiempo, como Sandspring Resources de Canadá que inició en 2013 un plan de extracción de oro y cobre en Toroparu, en la región Cuyuni-Mazarani, valorado en más de 501 millones de dólares, según BNAmericas.com.
En esa región Guyana Goldfield opera desde 1996, indica su portal, en proyectos como Aurora y Aranka. Fuguett afirmó que la proyección de la empresa para este año será de 25.000 a 35.000 onzas de oro.
En 2012, empezaban también sus trabajos de extracción de oro y uranio Argus Metals, Consolidated Northwest Resources Incorporated y Guyana Frontier Mining, con licencias desde 2007, refiere Argusmetalscorp.com.
Desde ese año, Bai Shan Lin, de China, ha sido la más grande transnacional que controla la producción maderera en Kwakwani, con concesión otorgada por Guyana para trabajar sobre 960.000 hectáreas, dijo Fuguett.
La Muri Brasil Venture tiene en sus manos la creación de una represa hidroeléctrica gigante en Amaila, de la que se han hecho ya las vías de comunicación. Y en 2010 los gobiernos de Guyana y Brasil iniciaron la construcción de la carretera Linden-Lethem que atraviesa todo el Esequibo. Aun cuando el gobierno venezolano estaba al tanto, no tuvo, una vez más, participación en los proyectos, según un informe presentado por la Cancillería ese año.
Beneficios. Expertos afirmaron que Guyana se beneficia poco de las concesiones. “Guyana obtiene un porcentaje mínimo por impuestos y regalías, pero no ganancias plenas. Defiende los activos de un país muy pobre, pero el mayor provecho lo sacan las transnacionales”, aseguró Fuguett.
El ex embajador ante la ONU Emilio Figueredo aseveró, en cambio, que otorgar estas licencias es una ventaja para que Guyana atraiga inversiones extranjeras.
El pueblo tampoco se beneficia. Aunque el presidente Hugo Chávez afirmó en 2004 que no se opondría a ningún proyecto en el Esequibo “que vaya en favor de sus habitantes”, pocos son los trabajadores guyaneses que laboran en las minas, aserraderos y pozos, la mayoría son extranjeros traídos por las empresas y se desconoce si hay venezolanos, añadió Fuguett.
Gómez consideró que el gobierno “debe dejar de apuntar a las empresas y buscar una solución concreta”. Torrealba señaló que a “Venezuela no le interesa lo que hagan estas compañías. El Acuerdo de Ginebra no impide que estén en el Esequibo”. A su juicio, el señalamiento del gobierno a Exxon se debe a que “Estados Unidos está detrás”.
Figueredo difiere: “Este problema no es histórico, sino jurídico y político. Las concesiones y perforaciones sientan un precedente que reduce a Venezuela de este espacio”. Agregó que las compañías ya no temen que Caracas tome el control de la zona y hace que sea más difícil recuperar el territorio.
Los especialistas resaltaron el laberinto en que se ha convertido el asunto y dijeron que la alternativa es llevar el diálogo a la Corte Internacional de Justicia. Mientras tanto, la disputa por el Esequibo permanece entre el bloqueo de la importación de arroz guyanés a Venezuela y el envío de crudo a ese país.
EL DATO
El contrato de concesión de la Exxon Mobil fue hecho en 1999 en el gobierno del presidente Bharrat Jagdeo, que firmó el primer Acuerdo de Petrocaribe con Venezuela. “Mientras construía nuevas relaciones con Caracas, Georgetown cedía concesiones a los extranjeros”, dijo Jorge Luis Fuguett, de la ONG Mi Mapa de Venezuela Incluye el Esequibo.
Guyana tiene una deuda a largo plazo con Pdvsa por los envíos de Petrocaribe por aproximadamente 580 millones de dólares, según cálculos del economista Luis Oliveros.
Vía El Nacional