Maduro rechaza nueva explotación petrolera aprobada por Guyana en “área por delimitar”
El régimen de Maduro rechazó este miércoles la más reciente explotación petrolera autorizada por el Gobierno de Guyana en un área marítima aún sin delimitar, según Caracas, que mantiene una disputa territorial con Georgetown por una zona de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
En un comunicado, el Ejecutivo chavista expresó su “categórico rechazo” ante “el inicio de la producción de petróleo por parte de la Plataforma Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga, FPSO Prosperity, en el yacimiento Payara, en el bloque Stabroek, ubicado en un área marítima pendiente por delimitar”.
Esta acción, indica el escrito, contradice el derecho internacional público y “se constituye en una nueva provocación por parte de un gobierno al servicio de la Exxon Mobil”, empresa vinculada con estas operaciones en la zona.
“Venezuela ha evidenciado esta ilegalidad -de manera documental- y comunicado repetidamente al Gobierno guyanés y la comunidad caribeña que tales acciones se están convirtiendo en el mayor foco de desestabilización en la región, socavando los intereses legítimos del pueblo venezolano”, prosigue el comunicado.
El régimen de Nicolás Maduro reiteró que no reconoce “efecto o derecho alguno producto de las concesiones que otorgue o haya otorgado (Guyana) en dichas áreas marítimas por delimitar”
Venezuela advirtió este miércoles a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que “no reconoce su jurisdicción” para resolver la disputa territorial con Guyana y alertó de que “nada va a impedir” el referendo -no vinculante- convocado por Caracas para el 3 de diciembre, en el que decidirán si anexionarse o no el área bajo pleito.
Caracas reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), y que establece bases para una solución negociada, pero esas negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados, por lo que Guyana busca una solución a través de la CIJ.
Con información de EFE