Panamá Papers revela el guiso de los carros Chery en Venezuela
Sólo el año pasado el presidente Nicolás Maduro anunció la compra de 20 mil taxis Chery, cantidad que supera la producción de las siete ensambladoras privadas en 2015.
Las importaciones masivas de la marca comenzaron con Hugo Chávez, especialmente entre 2010 y 2014. El ex presidente también fue una especie de valedor para iniciar el ensamblaje de los autos en el país, reseña Maduradas.
Hoy la iniciativa se destaca como ejemplo de la colaboración entre los sectores público y privado. En el mes de marzo reciente, Carlos Faría, viceministro de Industria, la calificaba como un “emblemático proyecto” y como “una experiencia exitosísima”. Pero lo que para las autoridades se trata de un ejemplo, en términos financieros ha sido un negocio jugoso para el grupo Yammine. El clan, encabezado por Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, oriundo del Líbano, y Antonio José Yammine Saade y Mohsen Yammine Saade, nacidos en Caracas y El Tigre, respectivamente, controla la operación.
Los empresarios son viejos conocidos del Gobierno y del mundo militar. Fueron los encargados de llevar a cabo el proyecto del Tiuna, un vehículo “multipropósito” de cuño propio que enorgullece a las Fuerzas Armadas venezolanas.
Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca desnudan la trama detrás del negocio de Chery: los inversionistas crearon en Hong Kong y otras jurisdicciones una estructura corporativa que permite retener, en diversas alcabalas establecidas entre la operación venezolana y la casa matriz en China, porciones de las divisas relacionadas a la adquisición de autopartes y del material de ensamblaje de los vehículos.
El ensamblaje de Chery en Venezuela se inició en 2011. “Una empresa privada venezolana que se mostró dispuesta a trabajar con el Gobierno venezolano y con la empresa china. Entonces hoy estamos inaugurando en Las Tejerías, ahí en el estado Aragua, una planta ensambladora de vehículos”, celebró Chávez el 25 de agosto de ese año en un consejo de ministros.
Chávez resumía la alianza con Corporación Automotriz Z.G.T, que en septiembre de 2010 aceptó conformar una “empresa mixta” con el Estado. Fue el nacimiento de un negocio que cinco años después, en medio de la grave crisis económica y de la parálisis del resto de automotrices, luce redondo.
Corporación Automotriz Z.G.T era apenas la primera pieza del rompecabezas del negocio armado por los Yammine fuera de Venezuela. Ajeno a la construcción del socialismo que impulsaba Chávez, se había ideado una estructura empresarial para dominar el negocio, una especie de laberinto financiero que parece diseñado para ocultar a los beneficiarios.
En el entramado corporativo que se han hecho construir en paraísos fiscales como Hong Kong, Panamá y las Islas Seychelles, los Yammine han puesto cierto empeño en que se les pierda el rastro.
Para empezar a desenredar la madeja vale la pena citar un correo que el 31 de mayo de 2010 dirige Jahrold Maizo, vicepresidente de Corporación Automotriz Z.G.T y hombre relacionado a los Yammine, a sus contrapartes, ejecutivos de Mossack Fonseca en Panamá.
“Estamos en el proceso de constitución de una empresa en Hong Kong, en la cual el único accionista será Chery Andean and Caribbean, quien tiene directores asignados por AFRA (otro bufete panameño), en este sentido necesitamos que estos directores firmen la constitución de la misma, para lo cual te remito anexo los documentos necesarios (…) Por otro lado, una vez constituida la empresa de Hong Kong, y en función de mantener todas nuestras empresas bajo una sola firma y cercana a nuestra oficina corporativa, requerimos que las empresas Ematrade Inc y Chery Andean & Caribbean Inc sean pasadas a la firma Mossack Fonseca y Compañía”, escribió Manzo.
La comunicación revela cómo se fraguó la operación de Chery en Venezuela. La empresa a la que Maizo se refiere es ICA International Automobiles Limited, registrada en Hong Kong el 1 de junio de 2010 bajo el número 1463140. El memorandum of association, especie de acta constitutiva, detalla que el capital inicial fue de 10.000 dólares de Hong Kong, divididos en 10.000 acciones, a razón de un dólar por acción.
Para leer la investigación completa del caso visite Panamá Papers.