El “fujimorazo” chavista
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En Venezuela se produjo un “fujimorazo” chavista este martes. Así lo han calificado diversos medios nacionales y extranjeros al golpe judicial que asestó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el parlamento mayoritariamente opositor, elegido limpiamente por el voto popular el pasado 6 de diciembre.
Tal vez inspirado en la intentona golpista del 4-F que dirigió Hugo Chávezhace 24 años, el ex presidente peruano Alberto Fujimori disolvió los poderes Legislativo y Judicial ese mismo año, el 5 de abril de 1992, pero por razones distintas por las que el TSJ dictaminó ayer contra el Congreso venezolano.
En su sentencia la Sala Constitucional del TSJ, bastión chavista, le puso una camisa de fuerza de forma ilegal e inconstitucional al poder legislativo. Deja sin ningún tipo de cualidad ni de efecto las atribuciones de la Asamblea Nacional en materia de fiscalización, de control, de comparecencia de los funcionarios, le quita las funciones de poder citar a los ministros, a los presidentes, a los institutos, le quita la función contralora sobre el Poder Moral, Poder Judicial, Poder Electoral.
También impide citar a los gobernadores y alcaldes. Tampoco puede revisar actos administrativos y emitidos en otro momento por otras autoridades, ni nombrar ni destituir a los magistrados del TSJ.
De acuerdo con el expediente 16-0153 del máximo órgano jurídico del país, el Parlamento “no está legitimado para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de magistrados, principales y suplentes”.
Asimismo, el TSJ asegura que la Asamblea Nacional tiene control político sobre el gobierno y la administración pública nacional y no frente a los demás Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral). Tampoco ante los poderes estadal y municipal.
En la sentencia se añade que las convocatorias que realice el Poder Legislativo deben estar dirigidas exclusivamente a funcionarios sometidos a control político.
Es inconstitucional
El abogado constitucionalista José Vicente Haro dijo que la sentencia del TSJ es “abiertamente inconstitucional”, pues impide a la AN revisar designación irregular de magistrados realizada el 23 de diciembre de 2015.
De la misma forma, recalcó que “constitucionalmente la AN tiene plena potestad para, conforme a su Reglamento, dejar sin efecto por inconstitucionales tales designaciones“. Agregó que “la decisión del TSJ parece un acto desesperado, fuera de la Constitución, para perpetuar en sus cargos a personas que no deben ser magistrados”.
“Con esa decisión queda confirmado que TSJ será, muy lamentablemente, el gran muro de contención del Gobierno contra las decisiones de la AN”.
Aseguró que “resulta inconstitucional que TSJ exima del control político que tiene la AN, a la Fiscal, el Defensor, el Contralor y el CNE”.
“En otras palabras para el TSJ la Fiscal, el Defensor, el Contralor y el CNE no pueden ser interpelados ni la AN les puede hacer preguntas“, puntualizó.
Fuente Ludmila Vinogradoff / ABC.