Bonistas demandan al gobierno de Puerto Rico
En diciembre pasado, el Gobierno de Puerto Rico anunció que redirigiría dinero destinado para varios pagos de deuda pública para utilizarlo en el saldo de deudas conocidas como obligaciones generales que tienen mayor protección legal.
Aseguran que no existen las condiciones necesarias para que el Gobierno tenga que redirigir el dinero de las corporaciones.
Las aseguradoras de bonos Ambac Financial Group y Assured Guaranty demandaron al Gobierno de Puerto Rico para detener la decisión de hacer solo algunos de los pagos de su deuda pública, utilizando el mecanismo conocido como “clawback”. Reseña PrimeraHora.
De acuerdo con el gobernador Alejandro García Padilla, quien a media mañana de hoy, viernes, envió declaraciones escritas en reacción a este asunto, tal acción “provocará una carrera de acreedores a los tribunales para reclamar que el ELA cumpla con sus pagos a pesar de que no contamos con un andamiaje legal para resolver esta inminente crisis de litigación”.
En la demanda sometida en la noche de ayer, jueves, en el Tribunal Federal de Distrito en San Juan, Ambac Financial Group y Assured Guaranty impugnan la legalidad del llamado “clawback” declarado por el Gobierno de Puerto Rico.
En comunicado de prensa, Ambac Financial Group informó que sometió la demanda, mientras que Assured Guaranty figura como codemandante.
En diciembre pasado, el Gobierno de Puerto Rico anunció que redirigiría dinero destinado para varios pagos de deuda pública para utilizarlo en el saldo de deudas conocidas como obligaciones generales que tienen mayor protección legal.
Sin embargo, los demandantes alegan que, aunque el Gobierno tiene el derecho de redirigir dinero para hacer los pagos mencionados, “ese derecho está sujeto a condiciones previas importantes”.
“Una condición previa importante es que el dinero solo puede ser redirigido (“clawed back”) si no hay otros ingresos o dineros disponibles para hacer los pagos de obligaciones generales”, leen las expresiones a nombre de Ambac Financial en comunicado de prensa.
“Para el año fiscal de 2016, el Estado Libre Asociado (de Puerto Rico) espera aproximadamente $9,000 millones en recursos disponibles, lo que excede bastante el servicio de la deuda pública de aproximadamente $1,500 millones”, se agrega.
Según el Wall Street Journal, Ambac Financial y Assured Guaranty tienen cerca de $8,000 millones de la deuda pública de Puerto Rico que alcanza los $70,000 millones.
García Padilla advirtió que los acreedores de Puerto Rico pronto van a enfrentarse a un procedimiento en el que no cuentan con un estado de Derecho en el que sus reclamaciones se atiendan de manera organizada, un escenario, dijo, incierto para todas las partes.
El primer ejecutivo también responsabilizó nuevamente al Congreso de Estados Unidos por aún no haber actuado para establecer un proceso ordenado de reestructuración de la deuda que sea positivo tanto para ELA como para los acreedores.
“Dicha acción congresional no representa costo alguno para los contribuyentes de los Estados Unidos”, insistió.
“Lamentablemente, el Congreso – que responde a los cabilderos de Wall Street – ha ignorado la crisis de Puerto Rico y, en vez, ha preferido que los 3.5 millones de ciudadanos americanos de la Isla y sus acreedores entren en un caos”, agregó.
El gobernador sostuvo que el Congreso “todavía puede evitar que esta crisis humanitaria que está a punto de suceder se salga de control, si aprueba inmediatamente el Puerto Rico Emergency Financial Stability Act of 2015 que presentó en diciembre la representante Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso, y los senadores Reid, Warren, Blumenthal y Schumer, y concediéndole a Puerto Rico una facultad amplia de restructuración de sus deudas. El pueblo de Puerto Rico merece acción rápida y decisiva del Congreso”.