Desafían a Trump: policías de California podrían arrestar a agentes enmascarados de ICE
El gobernador de California, Gavin Newsom, respaldó una ley que podría facultar a las fuerzas del orden locales para detener a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante redadas migratorias.
Esta postura, que ha generado controversia a nivel nacional, se enmarca en una estrategia estatal para proteger a las comunidades migrantes frente a operativos considerados agresivos y desproporcionados.
YA HABLARON CON LA POLICÍA
Brooke Jenkins, fiscal de distrito de San Francisco, explicó en una entrevista con The New York Times que la propuesta nació como una respuesta estratégica luego de observar reiterados abusos por parte de agentes federales contra personas en ciudades como Los Ángeles y Chicago.
De hecho, confirmó que habló con el Departamento de Policía de la ciudad californiana sobre la posibilidad de arrestar a agentes federales por «uso claro y excesivo de la fuerza».
También señaló que, en caso de registrarse agresiones, la policía tendrá la facultad de revisar las grabaciones disponibles e intentar identificar al agente responsable.
¿POR QUÉ AGENTES DE ICE SE CUBREN LOS ROSTROS?
Vale recordar, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado donde pedía que Newsom vetara la SB 627.
El organismo argumentó que la medida ponía en riesgo directo a los oficiales y sus familias. Esto, porque estarían expuestos a ser identificados en redes sociales y atacados por organizaciones criminales.
Tricia McLaughlin, asistente del secretario del DHS, fue contundente: “Nuestros agentes enfrentan un aumento de más del 1000 % en agresiones, doxing y ataques con vehículos. Quitarles la posibilidad de proteger su identidad es condenarlos a ser blanco de pandillas como el Tren de Aragua o la MS-13”.
En concreto, tanto el gobierno de Trump como los actuales líderes del Departamento de Seguridad Nacional calificaron la legislación como una expresión de “política santuario”, argumentando que “protege a criminales y debilita la aplicación de la ley”.
Vía caraota