Este es el negocio de los pollos más caros del mundo: Argentina con Venezuela
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Si se tratara de un programa oficial del Gobierno argentino que lideró la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se hubiera llamado “Pollos para todos y todas”. Y si el nombre se lo hubiera puesto el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez (1999-2013), hubiera sido conocido como “Misión Pollo para el Pueblo”.
Pero, más allá del nombre, lo importante es qué ocurrió: entre 2008 y 2013, una maniobra millonaria movilizó miles de toneladas de pollo producido en Argentina con destino a Venezuela a través de unas pocas empresas que hicieron grandes negocios en tiempos del kirchnerismo. La justicia argentina investiga el caso por la existencia de sobreprecios.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina al que tuvo acceso esta investigación confirma la existencia de sobreprecios en la venta. Las irregularidades incluyen precios “inflados”, facturas apócrifas, comprobantes de exportación que no figuran en los registros oficiales, pagos duplicados de servicios de flete y transporte, o triangulaciones con China que no figuran en los términos de los acuerdos originales entre ambos países. De acuerdo al informe de los auditores, Venezuela pagó el pollo más caro del mundo con valores de entre un 15 a un 30% por encima del precio internacional de este alimento.
El final del camino muestra un negocio millonario para las empresas avícolas argentinas que creció de forma exponencial en los años de alianza entre el kirchnerismo y el gobierno de Hugo Chávez. Y así como creció, se desplomó al finalizar el mandato de la expresidenta Cristina Fernández (2015).
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La maniobra permitió generar un mercado casi exclusivo para la producción avícola argentina, que entre 2008 y 2014 pasó de la inexistencia absoluta de operaciones comerciales con Venezuela a exportar miles de toneladas de pollo congelado por año.
La auditoría de la SIGEN da cuenta de que la tonelada de pollo que exportaba Argentina con destino a Venezuela se vendió entre 25 y hasta 35 por ciento por encima del precio internacional. El reporte de la Auditoría documenta que mientras el precio internacional debió haber sido de 400 millones de dólares, Venezuela pagó por los pollos 445 millones de dólares.
Aparte de Granja Tres Arroyos, que obtuvo mil 401 millones de dólares de las exportaciones a Venezuela, otras tres empresas avícolas formaron parte de la compra de pollos: la empresa entrerriana Soychú obtuvo 1073 millones de dólares; el frigorífico Las Camelias acumuló ingresos por 474 millones de dólares; y la firma Rasic Hnos, que administraba la marca “Cresta Roja”, ganó otros 338 millones de dólares a partir de los negocios con Venezuela.
La operatoria de estas empresas que inundaron con pollo argentino el mercado venezolano se llevó adelante desde 2008. En el año 2012 y con negocios mutuos florecientes, los gobiernos de Argentina y Venezuela firmaron la constitución del Fideicomiso Financiero PDVSA que funcionó como el paraguas para realizar buena parte de estas maniobras.
En el total de operaciones comerciales con las empresas argentinas, los fondos pagados a través de este Fideicomiso representaron sobreprecios totales de 140 millones de dólares. Así consta en el informe de Auditoría que la Sindicatura General de la Nación de Argentina remitió a la justicia, en la que involucra a las 15 empresas argentinas auditadas que participaron de los intercambios comerciales.
Pero estas cifras sólo corresponden a los años de la operatoria del Fideicomiso Financiero PDVSA que estuvo activo entre 2012 y 2016. Es decir, a los 140 millones de dólares de sobreprecios habrá que agregar los millones de dólares de las operaciones entre 2009 y 2011 que no están contempladas en el monitoreo revisado por la justicia argentina por el momento. Por lo que el sobreprecio pagado debe ser aún mucho mayor.
De acuerdo con una investigación judicial, están bajo la lupa los funcionarios argentinos de aquellos años: Julio De Vido y el operador de los acuerdos con Venezuela, José María Olazagasti, como partícipes necesarios de estas operatorias que permitieron negocios millonarios a las empresas investigadas.
Hace pocas semanas, el juez Marcelo Aguinsky decidió abrir una investigación específica por cada una de las empresas involucradas del Fideicomiso PDVSA. Cada una de las causas fue sorteada en diferentes juzgados para que comienzan a investigar las irregularidades detectadas con la mira puesta en cada una de las empresas auditadas.
La hipótesis de la justicia argentina en relación a los sobreprecios está centrada en los informes de Auditoría de la SIGEN y no descartan que se trate de un posible “soborno transnacional” en el que empresas argentinas participaron de maniobras de defraudación a Venezuela con la complicidad de los funcionarios de Argentina.
Con información de La Patilla