Súmate exige sanciones contra Nicolás Maduro por usar recursos del estado a favor del PSUV y GPP

Súmate también denunció al presidente del parlamento nacional, Diosdado Cabello

Súmate también denunció al presidente del parlamento nacional, Diosdado Cabello

Este lunes, Súmate exigió a la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) aplicar las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley Contra la Corrupción, al presidente de la República, Nicolás Maduro por utilizar recursos y bienes del estado a favor de los candidatos a la Asamblea nacional pertenecientes a los partidos “Gran Polo Patriótico” y el “Partido Socialista Unido de Venezuela”, al realizar un Acto de Compromiso con los candidatos.

Súmate señaló que no es la primera vez que el Presidente comete este tipo de faltas, ya que, durante el mes de noviembre realizó 29 alocuciones en las que benefició a los candidatos del Psuv y GPP, violando los principios de igualdad y equidad de condiciones para todos los actores y fuerzas políticas que los respaldan.

Por esto la ONG exige al CNE hacer cumplir lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Contra la Corrupción, Ley de Procesos Electorales y la ley de la Contraloría General de la República. Dónde “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del estado y no de parcialidad política o económica alguna.

En consecuencia no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares”

Súmate pide que se apliquen las sanciones establecidas en el artículo 232, numeral 4, de la ley Orgánica de procesos electorales que prevé una multa desde cinco mil a siete mil unidades tributarias.

Además solicitó al CNE exigir a la contraloría General ya  la Fiscalía General de la República abrir las investigaciones administrativas y si es necesario aplicar las sanciones penales establecidas en el artículo 70 de la ley Contra la Corrupción.

“El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años”

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