Se asegura que persecución contra militares obedece al temor de Maduro

militares venezolanos

Acusaciones sobre conspiración contra miembros de la FANB evidencian los temores presidenciales de descontento en la organización castrense, coinciden el ex ministro de la Defensa Raúl Salazar y la presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

“El poder es una enfermedad que todos queremos padecer y el gobierno no la quiere perder. Por eso actúa como lo hace. Las recientes detenciones de un grupo de militares por conspiración no tienen sentido si no se cometió ningún delito, ni se materializó el movimiento castrense, como sí ocurrió en 1992. Mientras tanto, el gobierno se mantiene en silencio, no se hace eco de nada y las informaciones se conocen solo por los familiares de los acusados”, dijo Salazar.

Se refiere al llamado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo, por el que fueron detenidos 9 militares e imputados por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar.

“Por primera vez, Nicolás Maduro, en sus miedos, ha decidido ir contra ‘oficiales de comando’ que dirigen unidades con poder de fuego. Esto no tiene precedente”, indicó San Miguel. Puntualizó que no puede hablarse de  un golpe de Estado, porque eso significaría acusar a un grupo de militares privados de libertad. Cree que aumentará la persecución en la FANB debido al objetivo de Maduro “de instaurar una casta castrense no chavista”.

San Miguel sostuvo que al Batallón Ayala están asignados vehículos blindados livianos de ruedas, tipo dragón 300 con cañón de 90 mm, trasporte de tropas y vehículos rusos BTR 80. El general Salazar recordó que fue desde ese batallón de donde salieron las unidades hacia Miraflores cuando el golpe a Carlos Andrés Pérez en 1992.

Alonso Medina Roa dijo que se violó el COPP: los militares fueron privados de libertad el 2 de marzo y presentados ante el Tribunal Militar Tercero de Control de Caracas el 9 de marzo, cuando debió hacerse en un lapso de 48 horas.

Medina  Roa es el abogado  de los tenientes coroneles Igber José Marín Chaparro, comandante del Batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala;  Eric Peña Romero; Henry José Medina Gutiérrez, adscrito al Batallón Logístico de San Cristóbal, y Deibis Esteban Mota Marrero, comandante del Batallón Pedro León Torres en Valencia; el primer teniente Jaiber Ariza y el sargento supervisor Juan Gutiérrez.

En el caso también están imputados los tenientes coroneles Victoriano Soto Méndez, 432 Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsado GJ Cipriano Castro, en Calabozo; Juan Carlos Pena Palmentieri, y la sargento Primero Yuleima Medina.

El teniente coronel Marín Chaparro fue secretario de Hugo Chávez y el primero de su promoción en 1999. Su padre es un coronel retirado.