¡La Fiscal tenía razón! Solo 5 de 13 magistrados principales aprobaron baremo del Consejo Moral
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) |Foto archivo
Los actuales representantes principales del sistema judicial parecen tener muchas más cosas que explicar al país de las que ya había denunciado la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ante las cámaras del país expuso que el proceso de designación de magistrados el 23 de diciembre de 2015 fue viciado e irregular.
Tanto así que los “magistrados exprés” -calificados así por la oposición- pudieron incurrir en delitos penales. Siguiendo la nota investigativa de Crónica.Uno, documentos obtenidos sobre el caso confirman las denuncias de la Fiscal.
Abogados que no entregaron documentos que demuestren que cumplen los requisitos académicos exigidos por la Constitución y la ley, que estaban vinculados con hechos de corrupción o que tenían abiertas investigaciones penales por distintos delitos. Estas fueron algunas de las anomalías que los funcionarios y técnicos del Consejo Moral Republicano hallaron al revisar los expedientes de los entonces 13 candidatos a magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la anterior Asamblea Nacional les remitió en diciembre de 2015. Pese a los hallazgos, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y el contralor Manuel Galindo los avalaron y el Parlamento los nombró en la víspera de la Navidad de ese año.
Documentos obtenidos por Crónica.Uno comprueban las sospechas que la oposición y académicos tenían en relación a la idoneidad de algunos de los escogidos, así como las denuncias que en los últimos días ha realizado la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en relación con los vicios que rodearon el proceso y por los cuales ella rechazó respaldarlo.
De los 13 magistrados principales, solamente cinco aprobaron la revisión que los funcionarios del Consejo Moral hicieron:
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Luis Damiani
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Juan Luis Ibara
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Yanina Karabin
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Marco Medina
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Eulalia Guerrero
Es decir, que obtuvieron al menos 10 puntos sobre 20 en el baremo elaborado por el máximo organismo del Poder Ciudadano y el cual, según el artículo 264 de la Constitución de 1999, tiene que hacer una segunda preselección de potenciales candidatos a integrar el máximo juzgado, la cual remitirá a los diputados para que haga la selección definitiva.
Por su parte, Calixto Ortega y Lourdes Suárez, actuales miembros de la Sala Constitucional, reprobaron el examen, lo mismo que Vilma Fernández, Francisco Velásquez e Yván Darío Bastardo o Jesús Jiménez Alfonzo, quienes integran las salas Civil y Social, respectivamente.
Respecto a Fanny Márquez y el exdiputado Christian Zerpa, quienes terminaron en la Sala Electoral, los técnicos del Consejo Moral ni siquiera los evaluaron porque no entregaron los documentos que demuestran que tienen los estudios de cuarto nivel o las especializaciones requeridas para ocupar los puestos que ahora desempeñan.
El Consejo recibió 381 expedientes a principios de diciembre y el 16 de diciembre se los reenvió al Parlamento, según lo afirmado este martes por el Defensor en el TSJ. No obstante, se pudo conocer los expedientes apenas llegaron al organismo el 14 y el 17, es decir, tres días después, fueron devueltos al Legislativo.
Sobre los suplentes
A primera vista con los suplentes, la situación fue mejor, porque al menos más de la mitad (13 de 21) de los elegidos superaron la evaluación del Consejo. Sin embargo, entre ellos hay tres vinculados con hechos de corrupción o que estaban siendo investigados por otros delitos.
Entre los objetados figuraba Juan Carlos Cuenca, actual suplente en la Sala Penal, y quien aunque obtuvo la mayor calificación (17 puntos) fue objetado por los técnicos del organismo por cuanto estaba relacionado en Costa Rica con un caso “de unos pagos por unos tanques hechos para Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares)” y además que porque en 2013 el TSJ rechazó reincorporarlo como juez.
Desde el Consejo también objetaron las candidaturas de las ahora magistradas suplentes de la Sala Social y Electoral, Betts Luna y Mary Ramos, por estar “incursa en supuestos casos de corrupción en Nueva Esparta”, la primera; y porque “cursan ante el Ministerio Público cuatro investigaciones por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como juez Sexta de Control”.
En efecto la Fiscal General no firmó la designación de los magistrados y tampoco lo hizo la secretaria.