Además, el periodo de espera para solicitar un permiso de trabajo aumentaría de seis meses a un año, lo que dificultaría aún más la estabilidad económica de los solicitantes.
Los defensores de los derechos de los migrantes, de inmediato, han expresado su preocupación por el impacto de esta medida, argumentando que podría empujar a los solicitantes de asilo hacia el trabajo informal, la explotación laboral o autodeportarse.
Sobre otras consecuencias, sectores como la salud, limpieza y agricultura, que dependen de trabajadores migrantes, también podrían verse afectados por la reducción de mano de obra disponible.
En tanto, organizaciones proinmigrantes han advertido que esta política no solo perjudicaría a los solicitantes de asilo, sino también a las comunidades locales que se benefician de su contribución económica.
Desde el punto de vista del gobierno de Trump, la iniciativa busca eliminar incentivos que, según sus funcionarios, llevan a migrantes a abusar con mentiras del sistema de asilo para obtener empleo en EEUU.
La administración argumenta, que el sistema actual, ha sido explotado por migrantes económicos sin méritos reales para recibir protección como asilados.