Enjuician a 10 civiles y 4 militares por revelar secretos de estado

En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas habló sobre el juicio contra 10 civiles y cuatro militares por suministrar información a los grupos irregulares que hacen vida en la frontera entre Apure y Colombia.

Los civiles procesados quedaron identificados como: José González Jiménez Bello, Luis Geovanny Rengifo Álvarez, Pedro Pablo Martínez Gamarra, Arnoldo José Reverón Ocasiones, Betzabeth Isamar Bermúdez Gamarra, Álvaro Denis Santander Quintero, Hugo Alejandro Viafara, Keyla Noheli Braca Valera, Williams José Hernández y Jackson Orlando González Garrido.

Mientas que los cuatro militares imputados son: sargento mayor de tercera Raúl Iván Ortíz Rivas, capitán José Alejandro Correa Solano, sargento primero Rubnel Darío Ceballos Romero y el teniente Neybert Argenis Castillo Sandoval

Sobre los hechos que se les imputan a estas personas, explicó que en la zona fronteriza conocida como Alto Apure existe la presencia de grupos irregulares colombianos que buscan colaboradores para sus actividades ilícitas, tanto en funcionarios civiles o militares y en la misma población. Específicamente, la colaboración solicitada es para facilitar el tráfico de drogas provenientes de Colombia.

Comentó que en el marco de la ejecución de la Operación Escudo Bolivariano 2020, hubo enfrentamientos entre esos grupos irregulares, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana entre septiembre de 2020 y abril de 2021.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa venezolano, por dicha acción se produjo el fallecimiento en combate del mayor Edward Ramón Corobo Segovia Plaza del 911 Batallón de Fuerzas Especiales y del primer teniente Yonathan Miguel Duarte, quien se desempeñaba como comandante de la segunda compañía del 923 Batallón Caribe “Sucre”. Además, fue neutralizado uno de los cabecillas de los grupos irregulares conocido como alias “El Nando”, capturados 32 sujetos, destruidos seis campamentos y decomisado armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas.

Específicamente, el Ministerio Público dice que estos sujetos “mantenían comunicación con integrantes de la organización de los Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos), sirviéndoles de informantes, suministrando información referentes a los diferentes operativos realizados en la zona, efectuados por los distintos cuerpos de seguridad del Estado, reportándoles de manera inmediata cada vez que ingresaba una comisión a la zona, con la finalidad de que los Tancol huyeran o se resguardaran y así evitar ser capturados, facilitándoles de esta manera la continuidad de las actividades delictivas dentro del territorio nacional”.

Ahora bien, Rojas comentó que estas personas fueron imputadas en agosto de 2021 ante el Tribunal Militar 21 de Control de Apure, a cargo del teniente de navío José Soto Ortega, por los delitos de: violación de secretos políticos y militares, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rebelión, traición a la patria, ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desobediencia y contra el decoro militar.

Señaló que desde entonces han ocurrido varias incidencias que han generado retrasos procesales, como, por ejemplo, en dos ocasiones han anulado la investigación de la fiscalía militar y ordenado repetirla.

Precisamente, explicó que los abogados de uno de los militares aprehendidos, el teniente Neybert Argenis Castillo Sandoval, presentaron una solicitud de avocamiento de la causa ante la Sala Penal del TSJ, pues denunciaron graves desórdenes en el procesamiento penal que se lleva en Apure y en razón de ello solicitaron la intervención del máximo órgano judicial.

En el documento presentado por los abogados se lee que existen actos procesales que contribuyeron a caotizar el enjuiciamiento de los militares, como la falta de imputación formal en que, a juicio de la defensa, “incurrió el Ministerio Público transgrediendo las normas y subvirtiendo los actos procesales al realizar una aprehensión ilegítima de los encausados sin brindarles la oportunidad de tener una tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa”.

Al respecto, refirió el periodista, los magistrados consideraron que los abogados del militar tenían la posibilidad de impugnar la privativa de libertad, situación que no ocurrió. Además, señalaron que el proceso contra los militares y civiles está en fase de juicio, por ende, las partes aún tienen la oportunidad de ejercer diversos recursos si acaso se ven vulnerados sus derechos.

“Los magistrados le recuerdan a este militar que el procesamiento de una persona tiene sus normas y cuando estas se rompen, bien por una mala praxis de la fiscalía o del tribunal, existen los procedimientos para denunciarlos, y en este caso, la Sala Penal considera que el avocamiento no cabía en esta ocasión para ventilar las presuntas irregularidades detectadas en el juicio. (…) Las partes deben agotar todos los medios procesales idóneos establecidos por el legislador para salvaguardar sus derechos, medio legal que, para este caso en particular, lo sería la apelación de autos”, añadió.

En todo caso, destacó Rojas, aun cuando el militar interpuso la solicitud de avocamiento y esta no haya sido declarada con lugar, sirvió para que, en Caracas, los integrantes de la Sala Penal conocieran lo que ocurre en Apure, concretamente en el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de juicio del Circuito Judicial Penal del estado Apure, con respecto a esta causa penal.