Perú negó ingreso a venezolana que vivió por más de dos meses en aeropuerto Jorge Chávez

El Poder Judicial de Perú denegó la solicitud de habeas corpus presentada en nombre de Duiliana Sánchez Pereira, una ciudadana venezolana que llevaba más de dos meses residiendo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta decisión obliga a la joven de 28 años a regresar a su país de origen.

En su fallo, el 8.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao señaló que si bien la Constitución Política de 1993 garantiza el derecho a la libertad de tránsito, este derecho está sujeto al cumplimiento de las leyes migratorias vigentes.

La solicitud de habeas corpus fue presentada por Luis Gonzales Delgado, dirigida tanto al Poder Judicial como a la Jefatura Zonal Callao de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Sin embargo, tanto el Poder Judicial como la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados rechazaron el recurso, lo que llevó a Sánchez a tomar la decisión de viajar de regreso a Venezuela, obteniendo un boleto de avión gratuito.

Según información proporcionada por Migraciones, durante el año 2023 se ha denegado la entrada al país a más de 600 extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a la falta de la visa requerida, en cumplimiento de las políticas migratorias y de reciprocidad.

La entidad subrayó que estas personas deben regresar a su país de origen a expensas de la aerolínea que las trasladó inicialmente y una vez que cumplan con los requisitos de ingreso, podrán regresar a Perú.

Diuliana Sánchez Pereira había llegado a Perú en 2019 y se encontraba trabajando para varias marcas, antes de perder sus documentos de identidad durante un viaje a Europa en septiembre de 2023, cuando fue víctima de un robo en Italia.

El abogado de Sánchez, Gabriel González, explicó que su cliente enfrentaba dificultades significativas en el aeropuerto, incluida la falta de un lugar adecuado para descansar y la imposibilidad de recibir visitas, lo que la dejaba con ropa sucia con frecuencia.

La Defensoría del Pueblo intervino en el caso enviando una solicitud a la Superintendencia Nacional de Migraciones, argumentando que la legislación peruana permite a los migrantes reunirse con su familia en el país, aunque la entidad consideró que esta categoría no incluía a los padres, según su interpretación de la normativa.

Durante su estancia en el aeropuerto, Migraciones mantuvo su postura de no hacer excepciones en las reglas migratorias, aunque se comprometió a respetar el proceso legal en curso iniciado por Sánchez a través del habeas corpus. Sin embargo, afirmó que no tenía planes inmediatos de cambiar su política migratoria.

Con información de Infobae