La familia de Ronald Ojeda denunciará al chavismo ante la CPI por la muerte del militar venezolano en Chile

Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero desde su departamento en Santiago y nueve días después, su cadáver apareció dentro de una maleta enterrada bajo un losa de cemento, en un campamento ilegal.

Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia del malogrado teniente en retiro del ejército venezolano Ronald Ojeda, presentará este martes todos los antecedentes que disponen de su crimen ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, con el fin de llevar hasta las últimas instancias las indagaciones por su secuestro y posterior homicidio.

Mauricio Palazzo

Dicha información irá a engrosar el expediente “Venezuela I” que el tribunal internacional abrió por los eventuales crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro desde, al menos, las protestas de 2017 en ese país. La figura que usará ante la Corte, explicó Manríquez, es la de persecución a disidentes y eventual desaparición forzada.

Recordemos que Ojeda – quien escapó en 2017 de la prisión de Ramo Verde de Venezuela junto a otros militares disidentes- , fue incluido en enero recién pasado en una lista de 33 acusados de “traición a la patria”. Al mes siguiente, precisamente el 21 de febrero, fue secuestrado por falsos policías desde su departamento en Santiago de Chile y nueve días después, su cadáver fue encontrado dentro de una maleta enterrada bajo un losa de un metro y medio de cemento, en una “toma” ilegal de Maipú.

Por este caso actualmente se encuentra detenido un adolescente venezolano de 17 años, imputado como presunto integrante y cómplice del secuestro. Otros dos sospechosos de ser autores directos del plagio están siendo buscados con una petición de captura internacional, pues todo indica que ya huyeron de Chile.

La presentación

Manríquez explicó que desde 2018 está abierta en la Corte Penal Internacional una investigación preliminar que se denomina Venezuela I “que ha recogido una gran cantidad de antecedentes de quiénes han tenido que ser parte de la diáspora venezolana, tanto por razones políticas como de persecución, y aquellos que son sujetos de desplazamientos forzados. A su vez, hay quienes sostienen que existe allí una política sistemática de eliminación de opositores”, señaló al medio Ex-Ante.

Según el abogado, “yo represento desde aquella época a algunos de los ministros titulares del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela, algunos de los cuales formaban parte de la Sala Penal de la Corte Suprema Venezolana. Al momento de ser perseguidos, algunos llegaron a Chile y obtuvieron el régimen de asilo y sumé su caso a la investigación de Venezuela I”.

Debido a las características del caso, “en la línea que dice relación con la desaparición forzada de personas o bien, en este caso, actos de homicidio y desaparición, si es que este fuera tal; por sus características, el caso del señor Ojeda puede sumarse a esa línea de investigación, y ser un elemento más de aquellos que permiten entender que, en el concierto internacional, este tipo de conductas no se remiten solo a un espacio geográfico”, señaló.

En cuanto a las expectativas de la causa, la sala de cuestión preliminar autorizó a la fiscalía el pasado 1 de marzo a reasumir la investigación en Venezuela I, atendido a que no se habían entregado a ésta datos suficientes (por parte del régimen de Maduro) para convencerse de una investigación seria y efectiva. “Dicha decisión fue confirmada por la sala de apelación de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional, razón por la cual la fiscalía sigue adelante”, aseguró Manríquez.

Finalmente, el persecutor apuntó que “quiénes tengan que responder, eventualmente, si es que se formulan cargos formalmente, serán todos aquellos respecto de los cuales se establezca una perpetración directa o indirecta o en alguna de las formas de intervención de los delitos penales internacionales. Recordemos que la Corte Penal Internacional no persigue la responsabilidad de estados ni gobiernos, sino de personas en delitos internacionales, que son las grandes atrocidades. Esto es, los delitos más graves contra los derechos humanos y la humanidad”, remató, aludiendo directamente a Nicolás Maduro.