Estilista caraqueña contó su traumática experiencia al intentar vivir en Aruba
Dulce Fuentes, una estilista con 30 años de experiencia, soñaba con abrir su propio salón de belleza. La crisis venezolana la llevó a aceptar una oferta laboral en la “Isla feliz” de Aruba. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad se convirtió en una pesadilla.
Fuentes y su pareja llegaron a Oranjestad en abril de 2019, atraídos por una oferta laboral que prometía un sueldo de 1.500 dólares al mes, comisiones y beneficios. El salón de belleza Backstage parecía el lugar perfecto para construir su proyecto de vida.
“Al principio estaba asustada porque mi hermano no tenía confianza en esa manera de contactarme y trasladarme a otro país, él me había dicho que se parecía a una trata de blancas”, recuerda Dulce a Crónicas del Caribe.
Pero el sueño se desmoronó rápidamente. La migrante de 52 años de edad se encontró atrapada en un lugar donde las prohibiciones eran implacables. No podía moverse más allá de un cuadrito de cerámica en el piso ni hablar con las clientes. Las jornadas de trabajo superaban las 10 horas, y la humillación y la violencia verbal eran moneda corriente.
El confinamiento por el coronavirus hizo que bajara la clientela del salón, pero las trabajadoras extranjeras, incluida Fuentes, acumulaban una deuda del primer contrato que crecía con el tiempo.
Al principio, tenía una deuda de 4.958,75 florines (2.777 dólares) y le descontaban 500 florines (280 dólares) mensuales para pagar. “Trabajamos a puertas cerradas durante la pandemia”, afirmó.
Fuentes fue obligada a firmar un documento en papiamento, un idioma que no dominaba, sin opción de revisión en español y junto a un abogado. Las cláusulas eran: 25 mil florines (14 mil dólares) en caso de infracción. Una de las prohibiciones más insólitas: no podía pedir ayuda a las clientes del salón de belleza.
“Firmé por intimidación. No tenía esperanzas de ser enviada de vuelta a Venezuela y debía seguir trabajando para pagar la deuda y sobrevivir en la isla”, reveló.
Modus operandi
En una entrevista concedida a Crónicas del Caribe, la venezolana explicó el modus operandi de estos grupos que se dedican a reclutar mano de obra de forma irregular: “Prometen a todos los que trabajan ahí villas y castillos. Para el primer permiso todo salió bien, cumpliendo con los requisitos de Dimas (Departamento de Integración, Manejo y Admisión de Extranjeros); pero para el segundo permiso que exige la ley, toman la decisión de no enviar los documentos y empieza la trampa”.
Limitados a poder renovar el permiso en Aruba, los extranjeros pasan a un estatus ilegal y pueden ser deportados. “Nos ofrecieron vivienda y el pago de otros servicios a bajo costo, pero cuando empezamos a reclamar nuestros derechos nos amenazaron con enviarnos a la Guarda Nos Costa -cuerpo de seguridad- y nosotros preferimos aguantar antes que caer en manos de la policía”, contó la caraqueña.
Fuentes denunció que no solo ciudadanos venezolanos eran sometidos a esas condiciones laborales, también pasaba lo mismo con ciudadanos procedentes de México, Honduras o Colombia.
“Logramos un premio de estudio por el HIAS y gracias a esa organización pudimos regresar a Venezuela”, relató Fuentes, quien también contó con el apoyo de la Cruz Roja, La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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con información de Crónicas del Caribe.
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