Emiten orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto
La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez y Juan Carlos Chávez Calva.
La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales que participaron en el esquema de corrupción en la comercialización de crudo de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), la primera decisión que involucra a personas de otras nacionalidades.
La orden de aprehensión fue firmada por el Fiscal Nacional 73 contra la Legimitación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Jean Karin López Ruiz, y afecta a los operadores Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana; los mexicanos Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva y Rodrigo Guerena Bobadilla, y el argentino Jorge Germán Bonelli.
Según el documento de solicitud del fiscal 73, López Ruiz, obtenido por Primer Informe, la orden de captura se basa en “la presunta comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, y asociación (para delinquir)”, y adicionalmente “el delito de contraband agravado”.
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Tanto Alessandro Bazzoni como Joaquín Leal Jiménez fueron sancionados en junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su participación en un esquema de evasión de sanciones a Pdvsa a través de un grupo de empresas.
Bazzoni y Leal Jiménez son descritos también como socios cercanos al empresario colombiano Alex Saab, considerado por Washington como testaferro del dictador Nicolás Maduro y actualmente en prisión en la Florida por corrupción y lavado de dinero.
Bazzoni “ha desempeñado un papel decisivo en la coordinación de la compraventa de crudo de origen venezolano a PdVSA. Tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde y la designación de Leal por la OFAC, Bazzoni asumió el papel central de coordinación en la trama en curso para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano de PdVSA y fletar buques dispuestos a ir a Venezuela a cargar petróleo”, indicó el Departamento del Tesoro en el documento de la sanción.
Por su parte, según otro documento del Tesoro norteamericano, Joaquín Leal Jiménez “es el conducto fundamental entre Libre Abordo, Schlager Business Group y sus propietarios, y PdVSA y Saab. Leal ha estado coordinando la compraventa de crudo de origen venezolano de PdVSA y su filial, PdVSA Petróleo, S.A., aportando conocimientos del sector petrolero mundial y facilitando el transporte y la reventa a los compradores”.
Por su parte, el operador José Luis Chávez Calva ha sido señalado de participar en un esquema para movilizar miles de millones de dólares de la corrupción de Pdvsa a través de bancos europeos.
Según reportó Primer Informe, los fondos movilizados por Chávez Calva corresponden a la comercialización de 150 tanqueros cargados de crudo venezolano agenciada Bazzoni, el armador griego George Moundreas y el broker italiano Erik Roveta.
El argentino Jorge Germán Bonelli aparece como directivo de la firma Ragnhild Capital Inc, incorporada en octubre de 2017 en Panamá, en la cual también aparece Alessandro Bazzoni como directivo.
En ese firma aparece también como directiva Vanessa Natalia Ortiz, conocida como asistente de Bazzoni.
Primer Informe no pudo establecer la conexión del mexicano Rodrigo Guerena Bobadilla en la trama de Pdvsa-Cripto.
El fiscal del caso, el abogado Jean Karin López Ruiz, tiene su propio historial.
En 2019, López fue señalado como una figura muy cercana al fiscal Tarek William Saab, y vinculado al cierre del portal Venepress.
En octubre de 2020, López Ruiz presentó la acusación que terminó con la detención del periodista Roland Carreño, por presunto financiamiento al terrorismo. Según la defensa de Carreño, el fiscal no presentó “experticias que avale” el delito por la cual acusaron al periodista, lo cual constituye un caso de persecusión por razones políticas, dado que Carreño era miembro de partido opositor Voluntad Popular.