El hombre, cuya identidad no fue revelada, falleció el 28 de febrero, con el seguimiento de la organización Exit. Según el informe, estaba recluso en la cárcel de Bostadel, cerca de Zurich.
Exit, interrogada por la AFP, indicó que “debido a la protección de datos y de la personalidad”, se veía en la imposibilidad de dar informaciones sobre el caso.
La Dirección de Justicia del cantón de Zurich confirmó a la agencia suiza ATS que un suicidio asistido se había llevado a cabo en el marco de la ejecución de penas, pero sin comunicar otros detalles.
Las autoridades judiciales recordaron que en Suiza cualquier persona con capacidad de discernimiento puede escoger la manera y el momento de su muerte y que ese derecho se aplica también a los detenidos.
La ley establece que “sólo el que ‘impulsado por un móvil egoísta’ brinda asistencia al suicidio a alguien es condenable”.
Así y todo, la práctica de la asistencia al suicidio está sujeta a los códigos de deontología médica y a organizaciones como Exit, que tiene sus propios límites (edad, enfermedad), más restrictivos que el código penal.
El suicidio suele llevarse a cabo en el domicilio de la persona o de un allegado. En algunos cantones también puede practicarse en residencias de ancianos o medicalizadas y en algunos hospitales.
En 2018, un detenido internado de por vida, Peter Vogt, pidió en un reportaje televisivo recibir la asistencia de Exit para morir, lo que generó gran debate en el país.
Vogt, un violador reincidente, purgó su pena hace años, pero permanece internado por el resto de sus días, según una medida radical del código penal suizo aprobada por referéndum en 2004, debido a que se le considera sumamente peligroso a causa de sus trastornos psíquicos.
“Es más humano querer suicidarse que estar enterrado vivo durante los próximos años”, escribió en ese entonces Peter Vogt a la AFP, agregando que sufría varias enfermedades, como insuficiencia renal y cardíaca.
Las autoridades pidieron la opinión del Centro Suizo de Competencias en Materia de Ejecución de Sanciones Penales (CSCSP), que les respondió que el suicidio asistido en las cárceles debería ser posible, bajo ciertas condiciones, conforme al “derecho a la autodeterminación” de los individuos.
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