Por aparecer en una foto con Leopoldo López lleva casi dos años preso

Imagen referencial. Fuente: El Pitazo

Estar en el lugar y a la hora equivocada. Eso fue lo que le ocurrió a John Hader Betancur, preso desde el 16 de agosto de 2019 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) del Helicoide, en Caracas.

La historia de John no es distinta a la de muchos presos por causas políticas que terminan en una celda por ser vecinos, abogados o conocidos de figuras políticas que se oponen al régimen de Nicolás Maduro.

Y como tantas historias, también está rodeada de irregularidades y señalamientos de violaciones de derechos humanos.

Una foto: pasaporte a la cárcel

Los venezolanos se despertaron el 30 de abril de 2019 con una noticia: Juan Guaidó y Leopoldo López se encontraban en las cercanías de la base aérea de La Carlota, acompañados de un grupo de militares que llamaban a la desobediencia a sus compañeros en armas.

Ya solo el hecho de saber que López estaba allí era una noticia por cuanto tenía prisión domiciliaria. Cientos de venezolanos comenzaron a llegar al distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo para sumarse al llamado de los opositores. Otros tantos pasaban por el lugar sin saber lo que allí ocurría. Uno de ellos, John Hader.

John, un comerciante del mercado del Cementerio, había salido muy temprano ese día en su moto para cumplir con unas encomiendas y carreras, algo que hacía para obtener más ingresos.

Al pasar por el distribuidor vio mucha gente y su curiosidad pudo más: decidió acercarse y ver qué ocurría. Al bajar de la moto observó al dirigente opositor Leopoldo López bajarse de una camioneta. A medida que López caminaba en su dirección, hacía lo que acostumbran los políticos: saludar. Y entre esos saludos estuvo el apretón de manos que le dio a John, quien se había acercado como tantos otros. El momento fue capturado en una foto. Y esa foto lo llevó a la cárcel.

Cuatro meses después de ese momento, John fue detenido por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

El tour policial

El 16 de agosto de 2019, aproximadamente a las 8:00 am, funcionarios de las Faes se aparecieron en el local de John, en el mercado del Cementerio, y se lo llevaron detenido. Sin mostrar una orden de captura y ante la mirada de más de 100 personas, entre ellos, uno de sus hijos.

A John le hicieron un “tour” que incluyó sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y su apartamento, ubicado en la urbanización Los Chaguaramos. Mientras lo “ruleteaban”, término con el que se conoce a estos “paseos”, lo amenazaban.

Una vez frente a su casa, lo pasaron a otra camioneta. Allí lo mantuvieron mientras unos funcionarios se bajaron y violentaron el candado del maletero.

La acción estuvo a punto de dañar el maletero de un vecino que se percató de lo que ocurría y los increpó. Los funcionarios le preguntaron cuál era el maletero del apartamento de John a lo que el vecino tuvo que responder.

Los funcionarios, que no llegaron a entrar al apartamento, regresaron a la camioneta y le mostraron un bolso a John, quien negó que le perteneciera. Luego de eso, fue trasladado a la sede del Sebin del Helicoide.

En un hecho poco común, los funcionarios de las Faes regresaron unas horas después al Sebin a buscarlo, pero éstos se negaron a entregarlo y les indicaron que ya estaba reseñado.

“Mi esposo me dijo que si eso no hubiese pasado, hoy, no estuviera con vida”, recuerda Claudia, la esposa de John.

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La historia se repite

John pasó cinco días en el Sebin sin ser presentado en tribunales, cosa que tuvo que haber ocurrido a las 48 horas de ser detenido. En ese tiempo tampoco tuvo comunicación con su familia o abogados.

Mientras tanto, la esposa de John, que tuvo que viajar de Oriente a Caracas, lo buscó durante esos días en hospitales y en la morgue.

El 21 de agosto de 2019 fue finalmente presentado ante un juez. Ese día pudo ver, por unos minutos, a Claudia y tener comunicación con abogados.

¿El delito? Traición a la Patria, asociación para delinquir, rebelión civil y tenencia de municiones son los cargos que le imputaron los fiscales 67, Farik Mora, y 83, Dinora Bustamante, responsables también de otros casos políticos como el de Roberto Marrero y Juan Requesens.

Para sorpresa de propios y extraños, John no estaba solo en la causa judicial.

Una foto con una figura pública a la cual solo conocía de nombre y por los medios, lo puso en el expediente que abrió el régimen de Maduro por los hechos del 30 de abril y en el que involucran al diputado electo en 2015, Edgar Zambrano, junto a cuatro personas que lo acompañaban al momento de su detención: Eduardo Peña, Pedro Rosario Alfonso, Martín Emilio Hernández y Abraham José Rodríguez, así como Emilio Boulanger, quien era presidente del Mercado de Chacao.

Zambrano y sus acompañantes fueron detenidos el 8 de mayo de 2019 y Boulanger, el 11 mayo de ese año. Actualmente, todos están en libertad con medidas cautelares, excepto John.

La defensa de John, encabezada por la doctora Theresly Malavé, ha solicitado en reiteradas ocasiones este derecho, pero el tribunal, a cargo de la juez Hilda Rosa Villanueva, lo ha negado.

Lo regular de las irregularidades

El relato de cómo fue detenido John, según se lee en el expediente, es una historia totalmente diferente a lo descrito anteriormente. De acuerdo con el acta policial, John iba caminando, con un bolso, por Santa Mónica cuando una comisión del Sebin lo “identificó” por la foto con López y lo detuvo.

“Algo completamente falso porque mi esposo fue sacado de nuestro local y había muchos testigos”, recuerda Claudia.

Así como no se cumplió el lapso legal para su presentación en tribunales, tampoco se respetó lo que establece la ley para las otras etapas del proceso.

Diecinueve meses después, el 1 de marzo de 2021, fue la audiencia preliminar en la que fueron pasados a juicio, cuya fecha de inicio aún no ha sido definida.

Las consecuencias

Claudia y John son padres de unos gemelos, de 13 años, con condiciones especiales.

Nacieron de cinco meses, lo que les ocasionó una parálisis cerebral severa que los mantiene a ambos en sillas de ruedas.

“Mentalmente están bien, pero en la parte motriz están afectados”, relata Claudia. Explica que los niños requieren de una operación urgente, porque tienen las caderas luxadas, lo que está afectando sus pulmones.

“Su salud está deteriorándose poco a poco. Mi esposo era el sostén de la familia. Con él preso tuve que sacar a los niños de su terapia, porque es muy costosa, y mudarme con mi familia materna a Maturín”, agrega.

Los niños, además, están presentando una dermatitis aguda causada por el estrés al que han sido sometidos en los últimos dos años.

Al viacrucis se le suma que tuvo que entregar el apartamento de Los Chaguaramos, que era alquilado. No solo por la imposibilidad de seguirlo pagando, sino porque los dueños le pidieron que lo entregara por miedo a que los funcionarios tomaran la vivienda.

De hecho, vecinos le contaron que durante las dos semanas posteriores a la detención de John, funcionarios policiales se paraban frente al edificio durante horas.

Claudia lamenta que también se llevaran a un vecino, una persona mayor que había pasado por una traqueotomía, para que sirviera de testigo.

También ocurrió que John comenzó a sufrir dolores corporales. Aunque no le permitieron que un médico de confianza lo viera, sí lo trasladaron al servicio médico del Sebin, ubicado en Plaza Venezuela, y corroboraron que no está bien de la próstata.

Claudia relata todo lo que vivió su esposo con tono calmado, pero en ocasiones, no oculta su indignación. Al hablar de sus hijos y al recordar el momento en que vio a John con un uniforme anaranjado y esposado, se quiebra.

Su tono de voz la delata. “Fue muy impactante”, confiesa.

“Mi esposo es hiperactivo, tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Tdah). Los primeros días que estuvo detenido, esos cinco días, estuvo en un cuarto oscuro. Tenía que tocarse para ver si estaba vivo y cada ciertas horas lo llevaban a una oficina para interrogarlo. Trataban de sugestionarlo para que dijera sí conocía a Guaidó y López y él decía que no, porque es así. No los conocía más que por los medios de comunicación”.

Claudia sostiene que no ha sido golpeado. El único golpe que recibió fue en la cabeza el día de su detención, pero dice que sí ha sido “torturado psicológicamente”, ya que a veces le dicen que lo trasladarán a una cárcel con presos comunes.

Mantiene con firmeza que no hay nada que inculpe a su esposo y que hasta los funcionarios del Sebin lo reconocen. Lo ha visto pocas veces. Sus hijos solo una vez.

La dinámica familiar se trastocó completamente, pero gracias a una red de apoyo conformada por los hijos mayores de John, amigos y otros familiares, ha logrado que él tenga ropa, comida y medicinas.

“No estoy bien, obviamente. Estoy agobiada. No tengo rabia, pero sí mucha tristeza. No entiendo cómo estamos pasando por esto… Y por eso, yo quiero levantar la voz, no solo por mi esposo sino también por las más de 300 familias que pasan por algo similar. La mayoría somos desconocidas y quizás por eso estamos desprotegidos. Yo me siento vulnerable…

«Hay días en los que no ves salida, sobre todo, cuando te enteras de que se ensañan tanto con una persona común y corriente, que no es política, empresario, sino un simple ciudadano. Te sientes expuesta a cualquier cosa y lo peor es que no sabes qué puede pasarte a ti y a tu familia”.

Las puertas que quedan por tocar

La doctora Theresly Malavé señaló que el caso de John será llevado a instancias internacionales. La ONU y la Corte Interamericana de Derechos  Humanos (Cidh) son dos de esas puertas que tocarán la defensa y la familia de John.

Con información de El Pitazo