Lo que ha sucedido en los países donde se aplicó la doctrina R2P
Imagen referencial. Fuente: El Pitazo
La reciente solicitud del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de invocar ante las Naciones Unidas la aplicación de la doctrina de Responsabilidad de Protección (R2P) ha despertado expectativas sobre el futuro político del país. El mecanismo, creado para proteger a una población frente a la incapacidad de su Estado de preservar sus derechos humanos, supone un nuevo escenario en el cual la comunidad internacional tendrá un papel protagónico.
Aunque la doctrina da luz verde a la comunidad internacional de intervenir la soberanía de un país, incluso con el uso de la fuerza de ser necesario, se diferencia de una intervención humanitaria convencional en el hecho de que no solamente se apoyan en la vía militar, sino que tiene un fin eminentemente preventivo, y debe primero agotar todas las opciones pacíficas y diplomáticas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU pueda siquiera considerar la posibilidad de una incursión armada.
Los genocidios de Ruanda (1994) y Bosnia (1995), así como la guerra de Kosovo fueron los impulsores de la creación del principio R2P, que desde su promulgación en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005, ha emitido al menos 80 resoluciones desde el Consejo de Seguridad con el fin de evitar que crímenes de lesa humanidad como esos vuelvan a repetirse. Aunque no siempre los resultados de estas intervenciones han sido los deseados.
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Aquí te presentamos algunos de los casos de aplicación de la Responsabilidad de Proteger más llamativos recogidos por el Centro Global para el R2P:
En 2003 explotó un conflicto armado en la región de Darfur, al oeste de Sudán, entre grupos étnicos de origen musulmán que poblaban la zona fronteriza con diferentes repúblicas africanas. Las secuelas dejadas por la Segunda Guerra Civil Sudanesa mantenían a flote las tensiones entre diferentes grupos de origen árabe y negro, pues los segundos afirmaban sentirse invisibilizados por el régimen de Omar al-Bashir y decidieron conformar organizaciones insurgentes como el Movimiento Justicia e Igualdad (MJI) o el Frente de Liberación de Darfur (FLD). Por su parte, las diferentes tribus árabes crearon una coalición guerrillera conocida como los yanyauid, que apoyan al gobierno central.
Debido a los ataques del FLD y el MJI a diferentes instituciones del Estado, y a la incapacidad del ejército de controlar a los rebeldes luego de quedar sus fuerzas mermadas tras la guerra civil anterior, Al-Bashir decidió utilizar a las milicias yanyauid para hacer frente a los rebeldes y derivó en un sangriento combate donde los grupos árabes arrasaron con poblaciones negras cometiendo múltiples masacres y violaciones de mujeres, en un hecho que ha sido catalogado por Estados Unidos de genocidio, pues la cifra de víctimas asciende las 40.000 según diferentes organizaciones no gubernamentales.
El 5 de mayo de 2006 se logró la firma de un acuerdo de paz auspiciado por la Unión Africana (UA) y Estados Unidos, que acordaba el desarme de la guerrilla yanyauid y la desmovilización de los movimientos insurgentes negros; sin embargo, el pacto no fue respetado por ninguna de las partes y continuaron los combates, por lo que el 31 de agosto de ese año el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1706, con la cual autorizó el despliegue de 17.300 efectivos militares de los denominados «cascos azules» y 3.300 policiales con el fin de apoyar a las misiones de las Naciones Unidas y la Unión Africana en garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Aunque el entonces secretario general de la ONU, Bam Ki-Moom, consideró histórico el despliegue, obtuvo un fuerte rechazo por parte del gobierno de Al-Bashir, el cual duplicó la presencia de su ejército en Darfur y amenazó a la misión de la ONU para que se retirara. El 31 de julio de 2007 el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1769, que extendió la presencia de la misión en Sudán a través de una Operación Híbrida con la UA, y elevó su número de soldados a 19.555.
La Operación Híbrida de la UA y la ONU en Darfur ha realizado grandes esfuerzos no solo en pacificar la región, sino también en documentar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los yanyauid y el ejército sudanés, pero el conflicto no ha cesado. Aunque en 2010 se firmó otro acuerdo de paz en Qatar, tampoco fue efectivo y los combates entre guerrillas continúan. No obstante, aún queda una esperanza luego de que Al-Bashir fuera depuesto del poder por sus propias Fuerzas Armadas en 2019, y el 31 de agosto se firmó en Yuba, capital de la República de Sudán del Sur, un nuevo acuerdo entre el nuevo gobierno y cinco frentes insurgentes que agrupan los conflictos de Darfur, Kordofán del Sur y Nilo Azul, con lo cual se espera sea el comienzo de la tan anhelada paz para el país africano.
La Primavera Árabe de 2011 trajo consigo una serie de protestas que sacudieron a regímenes longevos como los de Túnez, Egipto y Yemen. Una de las dictaduras de larga data que tuvo que enfrentar el alzamiento de su pueblo fue la de Muamar el Gadafi, quien gobernó durante 47 años Libia, y ante las manifestaciones ejerció una feroz represión que incluyó ataques aéreos y con mercenarios contra objetivos civiles. Sus acciones provocaron un quiebre entre facciones políticas y militares que le abandonaron, y pronto el conflicto pasó a convertirse en una guerra civil.
El 26 de febrero de 2011 el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1970 que enviaba una comisión internacional independiente a investigar las denuncias del asesinato de más de 2.000 civiles a manos del gobierno de Gadafi, además de imponer un embargo de armas a Libia y remitía a la Corte Penal Internacional denuncias contra el jefe de Estado y sus funcionarios. Posteriormente, el 17 de marzo de ese año, el Consejo de Seguridad se volvió a reunir para aprobar, con abstenciones de Rusia y China, la resolución 1973 que autorizaba una intervención militar extranjera en el país para proteger a sus ciudadanos, amparado en el R2P, así como una zona de exclusión aérea y naval y el congelamiento de activos de los principales líderes del régimen libio.
La resolución 1973 constituye la primera vez que se aprobó el uso de la fuerza militar por parte de una coalición extranjera para intervenir otro país. Así, el 19 de marzo, fuerzas francesas comenzaron un ataque aéreo contra objetivos militares libios a los que luego se sumaron Estados Unidos y Reino Unido. Mientras estos tres países encabezaban las operaciones militares para combatir a las tropas de Gadafi, una coalición de 16 países se encargó de mantener el cumplimiento del embargo de armas y la zona de exclusión.
Aunque el objetivo principal de la intervención no era el derrocamiento del gobierno, los ataques conjuntos por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) y las fuerzas rebeldes hicieron que el régimen libio colapsara el 22 de agosto al tomar la capital Trípoli. Más adelante, el 20 de octubre, cayó la ciudad de Sirte, último bastión del oficialismo donde los rebeldes arrestaron a Gadafi y lo ejecutaron junto a uno de sus hijos.
Desde entonces, se disolvió la Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista, y se proclamó una república dirigida por el Consejo Nacional de Transición, bajo la tutela de la ONU. En 2012 se celebraron elecciones donde se constituyó un Congreso General Nacional que ha llevado las riendas del país, aunque desde 2014 la inestabilidad ha vuelto luego de que el comandante de las Fuerzas Armadas, Jalifa Haftar, tomara el control de varias ciudades del este y desconociera la autoridad del Congreso, con lo cual inició una nueva guerra civil que persiste en la actualidad.
El Centro Global para la Responsabilidad de Protección registra actualmente 32 países con poblaciones en riesgo en los cuales se ha solicitado el mecanismos R2P en algún grado, y que se clasifican en: crisis en desarrollo, riesgo inminente, preocupación seria y estudiados previamente.
Aunque todas las naciones de la lista están actualmente bajo la lupa de la ONU, no en todas se han aprobado resoluciones por parte del Consejo de Seguridad como en los casos anteriores, y en la mayoría solo se han hecho llamados de atención o se tienen investigaciones en curso. Por ejemplo, Venezuela ya figura dentro de la categoría de preocupación seria.
Un país que aparece como crisis en desarrollo es China, cuyo gobierno ha ejercido una brutal represión contra la etnia uigur que habita en la región autónoma de Xinjiang, así como contra kazajos, kirguís y otras minorías musulmanas. Entre las acciones tomadas por el gobierno central chino está una extrema vigilancia y control social sobre esas poblaciones, la práctica frecuente de arrestos arbitrarios y desapariciones forzosas. También se ha detectado que más de 80.000 uigures viven en condiciones de precariedad y semiesclavitud bajo sistemas de explotación laboral en campos y fábricas que producen componentes y piezas usualmente vendidos a grandes corporaciones, entre las que los investigadores han señalado a Apple, BMW y Samsung.
Ante este panorama, una coalición de 27 países liderada por Reino Unido exigió el 30 de junio de este año a China permitir la entrada de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a establecer un mecanismo independiente que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas contra los uigures, considerada la mayor persecución contra una minoría étnica desde el Holocausto.
Por otro lado, también es catalogada de preocupación seria la ocupación por parte del Estado de Israel de territorios en Cisjordania, los cuales han sido reconocidos una violación del derecho internacional. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre 2019 y 2020 se han demolido 1.099 estructuras palestinas como parte de la colonización israelí; mientras el largo conflicto en la Franja de Gaza ha causado la muerte de 1.500 civiles palestinos y más de 500.000 desplazados.
Palestina ha denunciado muchas veces que durante su conflicto con Israel se han cometido crímenes de lesa humanidad como torturas, ejecuciones sumarias y ataques a objetivos civiles, los cuales han sido verificados por instancias como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y hasta el propio secretario general de la ONU. Aunque el Consejo de Seguridad ha emitido desde 2009 múltiples resoluciones para proteger tanto a israelíes como palestinos, Israel ha hecho caso omiso a los llamados apoyado por EE. UU.
Otros países mencionados actualmente en la lista del R2P son Afganistán, Burkina Faso, Mali, Burundi, Camerún, Siria, Yemen, Sudán del Sur, República Centroafricana, Myanmar, Eritrea, Nigeria, República Democrática del Congo y Mozambique.
Con información de El Pitazo