Lo que reveló Patricia Poleo sobre los supuestos “crímenes federales” que involucra a funcionarios del gobierno de Guaidó (+Video)
Imagen referencial. Fuente composición: Maduradas
La periodista Patricia Poleo reveló, en su programa Factores de Poder, una supuesta negociación ilegal de funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó con el consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) que se encargaría de la recuperación de los bienes de Venezuela que se encuentran en países que forman parte de Petrocaribe.
La propuesta del consorcio estadounidense, conformado a su vez por las compañías LockinCapital y Global Risk Management, fue adelantada por los representantes Jorge Reyes y Pedro Antar. Según los documentos a los que, presuntamente, Poleo tuvo acceso, se establecía la recuperación total en ciertos plazos de tiempo de aproximadamente $40 billones por concepto de deudas vencidas y atrasadas, así como acuerdos de renegociación y reestructuración de 50% de las cuentas financiadas.
En el plazo del primer año, una vez firmado el contrato después de haber ganado la licitación que obtuvieron el 3 de enero de 2020, se conversaba sobre la recuperación de $2,000 millones. Así mismo, CRA indicaba que cobraría 18% de lo recuperado, sin recibir adelanto. Se comprometieron, a su vez, a iniciar una labor de “búsqueda e inteligencia de riesgo” por 19 países, auditoría forense, servicio del consorcio, gastos, servicio de recaudación, negociación de deuda, propuestas de recaudación de deudas, recuperación de activos y representación legal de Venezuela.
Lea también: Tras irregularidades por suministro de oxígeno abren investigación en hospital de Portuguesa
Desde 2019, según indicó la comunicadora, una comisión de diputados se encargó de revisar la propuesta y enviar un informe al respecto a Juan Guaidó. Los parlamentarios fueron Elías Mata (UNT), Jorge Millán (PJ), Luis Carlos Padilla (AD), Luis Florido (VP), Freddy Superlano (VP), Sergio Vergara (VP), Luis Aquiles Moreno (AD) y Enrique Márquez (UNT).
Entre agosto y septiembre de 2019, se ejecutaron reuniones con el entonces procurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández, pero, posteriormente, la responsabilidad de firmar el contrato pasaría a manos de la Comisión Presidencial para la Gestión de Activos, presidida por Javier Troconis.
Las primeras reuniones telefónicas entre Reyes, Antar y Troconis contaron la participación de Carlos Prosperi y, luego, se incorporó Magin Blasi-Blanchard, quien representaba a su hermano Fernando Blasi-Blanchard, encargado de negocios de Guaidó en Estados Unidos.
El 23 de diciembre de 2019, se habría producido una reunión en El Doral, en la que los hermanos antes mencionados exigieron a los representantes de CRA una comisión de $750,000 por el trabajo. Así mismo, solicitaron que, del 18% de los honorarios del consorcio, se les diera a ellos el 50%; es decir, que se les considerara como socios de CRA, la empresa que ellos mismos estaban contratando.
CRA respondió a este primer intento de extorsión con un correo electrónico en el que se anexaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjera, que condena el pago de coimas a funcionarios extranjeros para cerrar acuerdos comerciales y que implicaría a los funcionarios en “crímenes federales”.
Posterior a este mensaje, los socios de CRA no recibieron respuesta hasta el 3 de enero de 2020 cuando se les informó que habían ganado la licitación, por lo que solo restaba firmar el contrato. Se reunieron nuevamente con Magin Blasi-Blanchar en un bufete de abogados en Brickell City Centre. Allí Blasi-Blanchar habría insistido en la extorsión y exigió a CRA un pago “inmediato” de $50,000 de los $750,000 que habían pedido previamente.
“Tienen cinco minutos para que me depositen los $50,000. Si no, ¡Olvídense de contrato!“, habría dicho Magin a los directivos, según declaraciones hechas por estos mismos en exclusiva para Patricia Poleo.
Como consecuencia de esto y ante la negativa de la CRA, el contrato se desplomó y, posteriormente, el mismo José Ignacio Hernández desconoció los trámites realizados durante más de un año para la obtención de la licitación.
Hasta el momento, los datos no han sido confirmados por ningún funcionario del gobierno interino. Sin embargo, Poleo recordó que el panorama en torno a la recuperación de activos venezolanos sigue igual que para el momento de la juramentación de Guaidó.
Con información de Maduradas