Retardo procesal y corrupción jurídica: la Venezuela de hoy día

Investigaciones de Leonardo Rodríguez Angola, defensor de los Derechos Humanos, detallan que la celeridad procesal en el país tiene un costo en dólares

Cifras recientes han revelado que de las 110.000 personas recluidas en los centros de detención preventiva –calabozos militares o policiales- en Venezuela, más de 77.000 no han podido demostrar de algún modo su responsabilidad o culpabilidad en la comisión de un delito. Por lo que tampoco existe una sentencia definitivamente firme que así lo declare y trae como consecuencia el retardo procesal. Así lo informó El Nacional.

A juicio de Leonardo Rodríguez Angola, quien es abogado penalista y también defensor de los Derechos Humanos, lo anterior obedece a dos causas de gran peso: la corrupción policial y jurídica.

La primera categoría se asocia directamente a los medios para la prestación del servicio penal. Como lo es el caso de estructuras insuficientes para el funcionamiento debido de los tribunales. Asimismo, la carencia de equipos y materiales para el procesamiento de los expedientes son otra de las irregularidades. A esto también se incluye la insuficiencia de funcionarios capacitados en los tribunales.

El segundo aspecto que influye en el retardo procesal, según Rodríguez Angola, la causa directa de ello es la corrupción judicial. «Si no pagan, no son trasladados a los tribunales. El imputado tiene que acceder a la extorsión de un sistema que debería garantizar su traslado», dijo. Por lo que «se corresponde con el alto índice de diferimiento de las audiencias, por la ausencia del imputado -la mayoría de las veces-, para poder llevarlas a cabo”.