Informe jurídico determinó que gobernador de Puerto Rico cometió cinco delitos con el chat
El informe ordenado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, para determinar si hay base jurídica para iniciar un juicio político contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, concluyó que el jefe del Ejecutivo cometió cinco delitos relacionados con un polémico chat.
Méndez confirmó este miércoles que fue informado de ello por el comité de evaluación al que se encargó el estudio jurídico, entregado a Méndez antes de que la Cámara Baja iniciara una reunión de miembros del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) para analizar la posibilidad de comenzar el juicio político.
La reunión del PNP es clave porque en esa cita podría decidirse si se comienza el juicio político contra Rosselló si mantiene su postura de permanecer en el cargo.
La Constitución de Puerto Rico establece que el Legislativo puede iniciar un juicio político contra el gobernador siempre que se cumplan unos requisitos -la comisión de determinados delitos-, además de que se cuente con el apoyo de dos tercios de los miembros de la Cámara de Representantes y tres cuartos de los del Senado.
El informe detalla que cuatro de los supuestos delitos cometidos por Rosselló serían de carácter grave y uno de carácter menos grave, constituyendo depravación.
Tres de los delitos afectarían al Código Penal y otros dos a la Ley de Ética Gubernamental.
El comité de juristas está compuesto por los abogados Luis Rodríguez, Francisco Reyes y Enrique Colón.
Rosselló anunció el pasado domingo en un mensaje a través de las redes sociales que no se presentará a la reelección y que renunciaba a la presidencia del PNP, aunque mantuvo que terminaría su mandato.
El gobernador dijo durante el mensaje que aceptaba el inicio de un juicio político en su contra.
Rosselló, en estos momentos, se mantiene en el cargo a pesar de los insistentes rumores de su inminente dimisión en las próximas horas, algo que no han confirmado los representantes de su gabinete.
La Constitución de Puerto Rico establece que se inicie un juicio político contra el gobernador si se cometen los delitos de soborno, traición, delito grave o menos grave que implique depravación.
La Cámara de Representantes tiene la potestad exclusiva de iniciar el proceso con el apoyo de dos terceras partes de sus miembros.
De la Cámara baja pasaría al Senado donde, si se apoya por tres cuartas partes de sus miembros, se celebraría un juicio presidido por la jueza presidenta del Tribunal Supremo.
El origen de la crisis política e institucional que sufre Puerto Rico está en la filtración total, el pasado 13 de julio, de un chat de la aplicación de mensajería de Telegram con casi 900 páginas en las que el gobernador y su círculo más allegado insultan y se mofan de la oposición, compañeros de partido, mujeres y el colectivo LGBT, entre otros.
La filtración provocó un malestar popular que degeneró en multitudinarias manifestaciones de protesta encabezadas por artistas como Ricky Martin y René Pérez Joglar «Residente».