A casi cinco meses de la masacre al pueblo pemón, todavía no hay responsables
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Casi cinco meses han transcurrido desde esa madrugada del 22 de febrero, cuando el Ejército venezolano atacó a la comunidad pemon Kumarakapay, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, y al día siguiente la Guardia Nacional hizo lo mismo con pemones y criollos en Santa Elena de Uairén, mientras exigían el ingreso de la ayuda humanitaria desde la frontera con Brasil.
Desde entonces no ha habido ni un detenido por los siete asesinatos y más de 50 heridos que resultaron de ambos ataques de las fuerzas militares, mientras los indígenas fueron desplazados huyendo de la persecución y hay quienes aún no han podido retornar a su vida cotidiana.
Ese día, fueron decenas de heridos los traslados a Boa Vista para ser atendidos, ante la falta de insumos en el hospital de Santa Elena de Uairén. Allá murieron tres pemones y quedan 11 heridos, dos de Kumarakapay y nueve de Santa Elena de Uairén, esperando por cirugía.
“Es difícil porque son padres de familia que no han podido retornar a su fase productiva en más de cuatro meses”, manifestó Ricardo Delgado, líder indígena de Kumarakapay, quien es uno de los que huyó de la persecución de esos días.
Al menos 30 familias de Kumarakapay y 587 pemones de otras comunidades fueron desplazadas de su territorio, todos huyendo de la represión que por vez primera se dio en el municipio. Las otras comunidades que se han visto afectadas son Maurak, Waramasen, San Antonio, Manakru y Paraitepuy de Roraima.
“Tanto para los que se fueron como para los que se quedaron en sus comunidades ha sido terrible. Los que que se quedaron fue prácticamente sin ningún tipo de abastecimiento y que se agravó con el problema de la gasolina. Muchos han bajado de peso porque, aunque hacemos el esfuerzo, no llega la ayuda humanitaria y el consumo de proteína es menor”, detalló Delgado.
El también ex alcalde de Gran Sabana explicó que si bien algunos han podido continuar con sus cultivos e integrarse a las comunidades donde están, fuera del país, otros no lo han podido hacer. Aunque tienen acceso a la educación y salud, no hay fuentes de trabajo.
Incluso para los que se quedaron en Kumarakapay, y que trabajaban con el turismo, ha sido difícil, ya que esta actividad también disminuyó en la zona.
Desde febrero, caciques y capitanes indígenas tuvieron que huir y refugiarse montaña adentro porque la orden del régimen era detenerlos, vivos o muertos según denunciaron. Delgado afirmó que el asedio contra el capitán general del sector 6, Jorge Gómez, no ha cesado.
“El régimen de Nicolás Maduro nunca asumió su falta. Esperamos que con el informe del Alto Comisionado de la ONU, donde se muestra que sí hubo violaciones de derechos humanos, con el tiempo llegue la justicia”, puntualizó Delgado.
Con información de Caraota Digital
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