Tribunales aún no reconocen cese de la medida cautelar a favor de la jueza Afiuni
Jueza María Lourdes Afiuni, ex presa política
Este lunes 8 de julio, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció hace cuatro días el cese de la medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de la jueza María Lourdes Afiuni, ningún juzgado del Área Metropolitana de Caracas reconoció la decisión ni ofreció información sobre el caso.
Así lo denunció Nelson Afiuni, hermano de la jueza, quien indicó en Twitter a las 9:42 de la mañana que su hermana se encontraba en tribunales “y ningún tribunal de la causa, incluyendo el de Apelación” tenía despacho. “Todos niegan cualquier cese de medidas. Ningún tribunal quiere dar información al respecto”, señaló.
El anuncio del TSJ sobre la libertad de Afiuni, el viernes 5 de julio a través de un tuit, ocurrió luego de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informara sobre las excarcelaciones de la jueza, el abogado venezolano-chileno Braulio Jatar y otros 20 presos políticos durante una rueda de prensa desde Ginebra, Suiza.
Tras conocerse la noticia la abogada de Afiuni, Thelma Fernández, señaló que no tenían ninguna notificación oficial sobre una medida a favor de ella. De acuerdo con sus declaraciones, la información que compartió el TSJ da a entender que Afiuni tiene libertad plena, “pero esa decisión no tiene que ver, en principio, con la sentencia condenatoria” de hace tres meses.
“Mientras el proceso continúa existe incluso la posibilidad de que a ella la vuelvan a encarcelar por alguna decisión judicial. Puede estar en libertad plena en este momento por un decaimiento o un cese de la medida, pero el proceso continúa”, explicó.
La jueza fue detenida en diciembre de 2009 por otorgar libertad bajo fianza a Eligio Cedeño, un banquero que llevaba detenido sin juicio desde febrero de 2007. Estaba acusado de simulación de importación, distracción de recursos bancarios y operaciones cambiarias ilegales.
En 2011 a Afiuni le concedieron arrestro domiciliario por problemas de salud y se impuso presentación cada ocho días ante un tribunal y prohibición de declarar a la prensa. En junio de 2014 obtuvo libertad condicional y en noviembre de ese mismo año se retomó el juicio en su contra que, durante casi un año, cayó en constantes suspensiones y diferimientos.
Finalmente, el 21 de marzo de 2019, tras 10 años como procesada por el sistema de justicia venezolano, fue condenada a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”.
Con información de Efecto Cocuyo