Así fue como la presión social evitó que fueran liberados presuntos asesinos de Ángela Aguirre

El caso de Ángela Aguirre demostró, una vez más, el poder de las redes sociales. Cuando parecía que el caso de la joven asesinada en el estado Bolívar iba a ser archivado bajo rumores de presunta corrupción, los ciudadanos empezaron a presionar por la aplicación de la justicia.

Aguirre, que tenía 16 años de edad, fue asesinada y encontrada en las riberas del río Caroní.

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La primera autopsia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) demostró que la adolescente había sido violada vaginal y analmente, que fue golpeada con un objeto contundente y que fue arrojada a las aguas del río mientras estaba viva. Una segunda autopsia indicada por la fiscal Emily Hernández indicó, sin embargo, que Aguirre tuvo “sexo consensuado y que el ahogamiento fue accidental”, lo que despertó las alarmas de la comunidad.

El periodista venezolano Germán Dam advirtió que la fiscal Hernández habría recibido sobornos por parte de los parientes de los acusados para favorecerlos.

No solo la familia de la joven se movilizó a exigir justicia. Los acompañaron más de 70 organizaciones no gubernamentales que pidieron una investigación transparente en el caso de Aguirre, además de protestas en la ciudad donde ocurrió el suceso y la etiqueta #JusticiaParaÁngela se convirtió en trending topic en Venezuela.

Un tribunal dictó privativa de libertad en contra de los siete detenidos por el caso de la adolescente asesinada.

Con información de Acceso a la Justicia