Miguel Ángel Martín: “Podemos ordenar la captura internacional de Maduro”
El 21 de julio del 2017, la Asamblea Nacional de Venezuela designó a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el máximo órgano judicial del país, en reemplazo de los jueces que el Parlamento de mayoría chavista había nombrado antes de ceder el control de legislativo a la oposición.
Muy rápido, se emitieron órdenes de captura contra los nuevos magistrados y la policía política los empezó a buscar. 30 de ellos salieron del país, uno fue detenido y no se sabe la situación de otros. Miguel Ángel Martín, el presidente del TSJ en el exilio, vive ahora en Estados Unidos y estuvo esta semana en Perú.
Miguel Ángel Martín
—¿Cuáles son los asuntos prioritarios del TSJ en el exilio?
Tenemos un plan de acción que está dirigido a desarticular el crimen organizado instalado en el régimen e impuesto desde Cuba, y que se creó para subvertir la democracia en América Latina. Vamos a establecer el piso jurídico para el retorno a la democracia en Venezuela.
Los temas que se vieron están relacionados con violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, corrupción grave, que son los que encuadran dentro de la convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado.
—¿De qué manera pueden hacer valer sus decisiones para que estas no terminen siendo solo simbólicas?
Muchas de nuestras decisiones son constitutivas de derecho. Trabajamos de la mano de organismos internacionales como la OEA, la ONU, el Grupo de Lima, el Parlamento Europeo. Es decir, logramos que nuestras decisiones tengan un impacto desde lo internacional hasta lo nacional.
Asimismo, nuestra primera decisión fue declarar el fraude de la asamblea nacional constituyente. Todos los organismos antes mencionados han avalado nuestro fallo. Además, hemos remitido a la Corte Penal Internacional una demanda contra 40 generales por delitos de lesa humanidad.
—¿El TSJ en el exilio puede ordenar la detención del presidente Maduro aunque este siga en ejercicio?
Sí. Nosotros somos la autoridad judicial legítima que fuimos designados por la Asamblea Nacional en un proceso que duró un año.
Tenemos facultades constitucionales que podemos cumplir perfectamente fuera de nuestro país. El artículo 333 de la Constitución dice que todo ciudadano investido o no de autoridad tiene que luchar por la vigencia de la Carta Magna. Y nosotros hemos sido designados por 12 años y tenemos el deber de rescatar el Estado de derecho.
—¿Están preparando algún caso contra el presidente Maduro?
Sí. La fiscal general [Luisa Ortega Díaz] presentó una querella por un caso de corrupción relacionado con contrataciones con Odebrecht, en que se hace referencia a 13 grandes obras que no fueron construidas en Venezuela. Ella presenta pruebas de una investigación que comenzó en el 2011 y de otra denuncia que se acumuló desde el 2015.
Admitimos el antejuicio de mérito y fijamos la audiencia para el 3 de abril. El señor Maduro debe acudir o enviar a un defensor. Y después decidiremos si hay lugar o no a un juicio. Para llegar a juicio el caso tiene que ser remitido a la Asamblea Nacional para su autorización. Y si no hay lugar, se sobresee la causa.
—Si la Asamblea Nacional dice que sí hay lugar a juicio en ese momento, ustedes están habilitados para ordenar incluso la detención del presidente.
La fiscal hizo una solicitud para que pidamos la alerta roja ante la Interpol para la detención del señor Maduro. Nosotros en el auto de admisión nos reservamos la oportunidad de la audiencia para decidir la procedencia o no del pedido.
—El señor Maduro pretende venir al Perú a la Cumbre de las Américas. Quizá para ese momento ustedes ya puedan pedir la alerta roja.
El 3 de abril es la audiencia. A partir de ese momento podremos decidir si hay lugar o no al juicio. Sería irresponsable decir algo que no sé si pasará.