TSJ mantiene suspenso sobre decisión del antejuicio de Luisa Ortega

TSJ mantiene suspenso sobre decisión del antejuicio de Luisa Ortega | Foto: Composición Notitotal

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tenía previsto este miércoles decidir si abre un juicio y autoriza la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, símbolo de la disidencia chavista que enfrenta al presidente Nicolás Maduro, aunque el veredicto podría dilatarse.

El plazo de cinco días que se fijó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pronunciarse se cumplía este miércoles, pero el Código Orgánico Procesal Penal da un lapso de 30 días para decidir en este tipo de casos, recordó a la AFP el penalista Jesús Ollarves.

“Pueden estar tomándole el pulso a la situación política antes de decidir”, estimó el experto.

Luisa Ortega se rebeló contra el gobierno justo al inicio de protestas opositoras que dejan 95 muertos desde el 1 de abril y exigen la salida de Maduro.

La abogada, de 59 años, fue acusada por el diputado oficialista Pedro Carreño de “mentir” al afirmar que no avaló la designación, según ella “amañada”, de 33 magistrados del TSJ por el anterior Parlamento chavista, en 2015.

“En poco tiempo, hoy, mañana o cuando sea, van a declarar que el juicio procede”, comentó a la AFP el politólogo Luis Salamanca.

El constitucionalista José Ignacio Hernández no descarta que el TSJ -acusado de servir al gobierno- postergue la decisión porque ordenó una prueba grafológicapara determinar la autenticidad de una firma con la que, según Carreño, la fiscal avalaría en un acta el nombramiento de los jueces.

“Es un proceso absolutamente viciado, una marramucia (suciedad)”, declaró Henrique Capriles, que al igual que la mayoría de opositores apoya a Ortega.

 “No tengo miedo” –

La fiscal afirma que se mantendrá en el cargo, aun si se ordena su destitución, para defender el restablecimiento del orden constitucional, que según ella interrumpió Maduro a través del TSJ con fallos que socavaron las facultades del Parlamento, dominado por la oposición desde 2016.

“No he cometido ningún delito. Denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos”, insistió Ortega en una entrevista radial.

En medio del enfrentamiento, aceleró en estos días imputaciones contra varios funcionarios por supuesta corrupción, y de militares bajo cargos de violación de derechos humanos.

Luisa Ortega denunció este miércoles la anulación del pasaporte a un funcionario que delegó para un foro de fiscales que analizará su caso en Argentina. Pero dice no temer a represalias.

“Todo es posible, hasta que me pidan una orden de captura. Lo máximo que me pueden hacer es que me maten. No tengo miedo”, había dicho el martes.

Poco antes de la audiencia del 4 de julio, a la que Ortega no asistió por considerarla un “circo”, el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a Katherine Haringhton, abogada chavista sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de violar los derechos humanos.

“Esto puede revolver el ambiente político mucho más de lo que está”, advirtió Salamanca, al referirse a que por una parte Ortega no reconoce a Haringhton y por otra es al Parlamento al que corresponde la remoción.

Pero el Legislativo -que apoya a la fiscal- fue declarado en desacato por el TSJ, que ha anulado todas sus decisiones, por lo que podría ordenar directamente la destitución.

AFP

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