La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos exige al hemisferio rechazar la ANC (+Comunicado)
Logo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, conocida como Wola (por sus siglas en inglés)
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (The Washington Office on Latin America, por sus siglas en inglés, también conocida como WOLA) es un prominente centro de estudios y promoción de los derechos humanos en América, que se pronunció recientemente mediante comunicado contra la Constituyente de Nicolás Maduro.
En el texto Wola pide a todo el hemisferio pronunciarse en rechazo a la pretensión de Constituyente promovida por el oficialismo en Venezuela, que ha sido abiertamente calificado como el proceso para legitimar la “dictadura”.
A través de colaboraciones estratégicas, WOLA trabaja con defensores de derechos humanos, académicos, líderes religiosos, artistas, negocios, y actores gubernamentales, con quien colabora para promover un cambio social y propugnar por sociedades más justas en las Américas, reseña La Patilla.
Comunicado íntegro:
El hemisferio debe rechazar la Asamblea Constituyente de Venezuela y apoyar una resolución electoral a la crisis
Washington, DC— En el mes de julio, el gobierno venezolano pretende comenzar a reescribir la constitución del país a través de un proceso que es claramente inconstitucional y que desempoderará a los ciudadanos venezolanos por años. Como una organización dedicada al avance de la justicia social y los derechos humanos en las Américas, WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) apela a las naciones del hemisferio a reconocer la importancia de este momento, instando al gobierno venezolano a dejar de lado su plan para crear una nueva constitución y en su lugar adherirse a la Constitución de 1999 del país.
Si es implementada como está propuesta por el gobierno del Presidente Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente representaría un asalto a un principio fundamental de la democracia: la soberanía del pueblo. La Constitución de Venezuela de 1999 establece claramente que sólo el pueblo venezolano tiene la autoridad para convocar una nueva Asamblea Constituyente. Pero el gobierno de Maduro ha usurpado esta autoridad por sí mismo, rechazando la idea de solicitar el consentimiento previo del pueblo, como fue el caso en abril de 1999, cuando la cuestión de si se reescribía o no la constitución fue sometida a un referéndum del electorado entero.
La propuesta de Maduro de reescribir la constitución es un claro intento, por parte de un gobierno impopular, de permanecer en poder en un contexto en el cual saben que no podrían ganar elecciones justas. En el 2016, el gobierno de Maduro impidió un referéndum revocatorio presidencial y pospuso indefinidamente las elecciones regionales programadas. Ahora, en el caso de la Asamblea Constituyente, el gobierno ha creado reglas para seleccionar a los delegados de la Asamblea a favor de sus partidarios: bajo los procedimientos propuestos por el gobierno, sus candidatos podrían tomar la mayoría de los asientos ganando menos que el 30 por ciento del voto, que está previsto para el 30 de julio. Los partidos de oposición justificadamente consideran que este proceso es ilegítimo e inconstitucional y, por lo tanto, no presentarán candidatos. Esto significa que si el proceso continúa, las reglas básicas del país serán reescritas por una sola fuerza política. Además, la Asamblea Constituyente tendrá “poderes de origen” que sobrepasarán a todos los demás poderes constituidos. Funcionarios del gobierno venezolano ya han sugerido que la Asamblea Constituyente usará ese poder para disolver la actual Asamblea Nacional y deponer a la Fiscal General Luisa Ortega, quien ha criticado abiertamente al gobierno y ha tratado de bloquear el plan del gobierno para reescribir la Constitución.
Por lo tanto, WOLA urge a los países del hemisferio a rechazar colectivamente la convocatoria antidemocrática de una Asamblea Nacional Constituyente, y a continuar insistiendo en el establecimiento de un calendario claro para las elecciones regionales, municipales y nacionales que observen los plazos establecidos por la Constitución. Al llamar a Venezuela para que respete su Constitución de 1999, los países de las Américas deben insistir en que el gobierno respete la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y libere a los prisioneros políticos, condiciones que fueron apoyadas por la Santa Sede durante la mediación de la crisis a finales del 2016.
También es vital que los países de la región declaren su apoyo unido para una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Aunque los actuales niveles de polarización y desconfianza en Venezuela representan serios obstáculos para las negociaciones constructivas, sólo el diálogo y las negociaciones entre las partes resolverán la situación. Los aliados regionales pueden desempeñar un papel importante para ayudar a superar los obstáculos y facilitar un diálogo constructivo. Un consenso emergente se está formando en toda la región con respecto a la importancia de un compromiso renovado con esas negociaciones en Venezuela, lo que podría ser facilitado por un grupo de países dedicados del hemisferio.
Este es un momento para acción urgente. Al hablar en favor de la resolución pacífica y contra la convocatoria del 30 de julio de una Asamblea Nacional Constituyente, los países de las Américas tienen la oportunidad de abordar la crisis de manera significativa y expresar su solidaridad con el pueblo venezolano.