110 ONG y miembros de la sociedad civil exigen la renuncia del Defensor del Pueblo
Tarek William Saab | Foto: Archivo
Un total de 110 Organizaciones No Gubernamentales, incluso 19 sedes regionales del Colegio de Abogados, académicos y miembros de la sociedad civil exigen la renuncia del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, por su respaldo público a la sentencia 155 de la Sala Constitucional que suprimió la inmunidad parlamentaria, reseña El Nacional.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, informó que la petición fue formulada en una carta entregada ayer en el despacho del defensor.
Dijo que repudian que William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano, manifestara públicamente su apoyo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia, en declaraciones ofrecidas el 29 de marzo, sin que esta fuera la posición del organismo. Las ONG consideran que hay divergencia de criterios, como se evidenció el 31 de marzo cuando la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, una de las integrantes del Consejo, criticó los dictámenes 155 y la 156, y denunció la ruptura del hilo constitucional.
“El apoyo del defensor del Pueblo a la sentencia no solo es fraudulento por no haber sido resultado de un consenso entre los miembros del Consejo Moral Republicano; también constituye un menosprecio de la institución parlamentaria, de la que él mismo fue parte, en abierta violación a la Constitución y al Estado de Derecho”, indicó Uzcátegui.
Las ONG indicaron que el defensor ha asumido, sin pudor, su respaldo al gobierno y no ha resguardado los derechos humanos ni ha protegido a las víctimas. Uzcátegui afirmó que el funcionario no ha tomado las medidas para corregir las actuaciones de la Defensoría, organismo señalado por su falta de independencia por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Recordó que los fallos del TSJ han sido considerados por juristas como un golpe de Estado.
“En contraste, el primer defensor del Pueblo de Perú, Jorge Satistevan de Noriega, ejerció una función valiente ante la ausencia de democracia durante el gobierno de Alberto Fujimori”, argumentaron las ONG, colegios de abogados y miembros de la sociedad civil.
Subrayaron en la misiva que, en medio de la crisis del país, urge un funcionario que “se coloque al lado de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la violencia”.
Carlos Correa, director de Espacio Público, señaló que las víctimas no encuentran eco en la Defensoría: “En la Defensoría prevalecen motivaciones de naturaleza política partidista. El defensor no cumple con los estándares que le obligan la Constitución y los estándares internacionales de los derechos humanos”, expresó.
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