Gobierno vuelve a Ginebra para responder recomendaciones sobre DD HH
Gobierno vuelve a Ginebra para responder recomendaciones sobre DD HH | Foto: Archivo
El próximo jueves, el gobierno de Venezuela deberá responder a los 14 países que expresaron su preocupación por la falta de independencia de los poderes públicos, en particular del Poder Judicial, reseña El Nacional.
En los cuatro meses transcurridos desde noviembre no ha habido ninguna señal que apunte en esa dirección, afirma la directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza: “La situación ha empeorado. Las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia desde noviembre son cada vez más politizadas”.
De noviembre a marzo, el TSJ dictó 21 fallos que blindan a los poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano en detrimento de las atribuciones del Legislativo, único que actualmente no es conducido por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Louza es pesimista sobre lo que dirá el gobierno a sus pares en el Consejo de Derechos Humanos el próximo jueves: “Si en 2011 no adoptó las recomendaciones que le exigían velar por la independencia de los poderes públicos, no veo porqué lo van a hacer ahora, que la situación es más grave”
Más presos políticos
Para el primero de noviembre de 2016, fecha del Examen Periódico Universal de Venezuela, el Foro Penal Venezolano reportaba la existencia de 111 presos políticos. Al 1° de marzo había 117. En esta materia el Estado recibió 14 recomendaciones, incluido varios exhortos a cesar la práctica de las detenciones arbitrarias.
El directivo del Foro Penal, Gonzalo Himiob, no duda en afirmar que la situación se mantiene igual en cuanto a la persecución de la disidencia. En su opinión, dos aspectos han empeorado en estos cuatro meses y medio: el resguardo de la salud de los presos políticos y el desacato del Servicio Bolivariano de Inteligencia de las órdenes de excarcelación de los tribunales. Al día de hoy hay 18 personas presas por motivos políticos con orden de excarcelación que siguen tras las rejas.
“El Estado no ha adoptado ningún correctivo. No se respetan las decisiones del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, ni las del Grupo sobre Detenciones Arbitrarias. Desde 2014 Naciones Unidas ha reconocido cerca de 400 detenciones arbitrarias y el Estado no ha respondido, salvo en muy pocos casos que no representan la magnitud de esa realidad y esa práctica”, señala.
El 8 de marzo, el alto comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein, exigió una vez más al gobierno de Nicolás Maduro “que todos los detenidos políticos sean liberados, muchos de los cuales fueron detenidos de manera arbitraria”.
Himiob no es optimista sobre la respuesta del Estado en la sesión de adopción de las recomendaciones esta semana: “Va a ocurrir lo mismo de siempre: hará un compromiso simbólico de revisión de la situación y luego no las tomará en cuenta porque eso significaría reconocer que en el país hay persecución política y eso no lo va a aceptar el Estado”.
No hay remedios ni comida
Países como Corea, Tailandia, Bélgica, Suecia o Noruega, entre otros, coincidieron en exhortar a Venezuela a resolver la crisis de acceso a la comida y a los medicamentos, y permitir la cooperación internacional en estas materias.
El ex ministro de Sanidad José Félix Oletta sostiene que al empeoramiento de la escasez de medicinas desde noviembre se suma un elemento perturbador: el gobierno autorizó a uno de los 146 laboratorios registrados en el país a importar ciertos fármacos y venderlos a precio de dólar libre. Alerta que ello restringe el acceso a los medicamentos por su alto costo, viola la regulación oficial de precios vigente y le da a un laboratorio privado el monopolio de las importaciones.
“La gente no encuentra fórmulas pediátricas, antibióticos y ninguno de los medicamentos esenciales. 26 de los 34 fármacos oncológicos están agotados y el resto tiene fallas severas. No hay sustitutos. No se satisface la demanda de insumos ni materia prima para elaborarlos aquí”. El médico es escéptico sobre lo que ocurrirá el jueves: “Este gobierno ha perdido la credibilidad”.
En el plano alimentario y nutricional, Marianela Herrera, médico especializada en nutrición, considera que ni antes de noviembre ni después, el gobierno ha identificado acertadamente el problema para generar soluciones adecuadas. “La población más vulnerable: niños menores de 5 años de edad, adultos mayores y embarazadas son los más afectados y no vemos un cambio en las políticas. El problema está mal identificado y en consecuencia la política es errada. La bolsa CLAP es una medida limitada, no es balanceada en su contenido nutricional; le da lo mismo a todos sin evaluar las necesidades nutricionales de una embarazada, un anciano o un niño, y no es consistente”.
Herrera trata de mantenerse neutral frente a la sesión del jueves, pero admite con desilusión que en otras ocasiones el gobierno ha dado la espalda a la adopción de las medidas necesarias. “Ojalá reaccionen”.
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