Diario de las Américas: “El servicio de inteligencia chavista convertido en verdugo”

Uno de los casos es el del concejal José Vicente García, quien fue aprehendido por agentes del Sebin el pasado 18 de octubre cuando salía de su casa en la andina ciudad de San Cristóbal, a unos 805 kilómetros al suroeste de Caracas, y a las horas difundieron fotografías de él junto a chalecos, uniformes militares y presuntos explosivos. Pese a las supuestas evidencias la Fiscalía decidió no acusar al edil y por ello el Tribunal 8 de Control de San Cristóbal ordenó su liberación en el pasado 21 de diciembre, pero la orden ha sido ignorada olímpicamente y por ello el funcionario sigue tras las rejas.

El caso anterior no es un hecho aislado, por el contrario parece formar parte de un patrón. Prueba de ello es que el pasado 5 de diciembre el Tribunal 21 de Control de Caracas ordenó al organismo de inteligencia que liberara al también dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicoechea, al que detuvo en el este de Caracas horas antes de la gigantesca marcha que la oposición celebró el pasado 1 de septiembre en la capital venezolana, alegando que le incautaron explosivos. Este mandato judicial tampoco se ha sido acatado.

La organización de Derechos Humanos Foro Penal Venezolano tiene contabilizados otros 15 detenidos en el Sebin a los que un juez ordenó excarcelar y que el organismo dirigido por el general Gustavo González López no ha soltado. Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que la cifra de personas que terminaron en un calabozo de la antigua policía política sin que un fiscal lo solicitara y un juez lo ordenara o sin que fueran atrapados in fraganti asciende a 67.

“El Sebin no acata a la Fiscalía y se comporta como una justicia paralela”, denunció el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, quien atribuyó esto al Estado de Excepción impuesto por el presidente Maduro desde enero de 2016 y que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha avalado.

“El Estado de Excepción ha sustituido a la Constitución”, dice el activista. “El Estado de Excepción ha sustituido a la Constitución”, dice el activista.

Explica que gracias “a su ambigüedad se ha incrementado la discrecionalidad y con ella los abusos”, y argumentó que el hecho de que la policía pueda detener a una persona sin ningún motivo es una muestra de que “estamos en una dictadura moderna”.

En similares términos se pronunció el también activista de Derechos Humanos y abogado Marino Alvarado, quien denunció: “La policía está deteniendo personas sin contar con la autorización de fiscales y jueces, tal y como manda el artículo 44 de la Constitución; y con ello el Gobierno está aplicando una justicia al margen de la establecida en la Carta Magna y está incurriendo en el delito de secuestro (…) El Gobierno construyó una nueva justicia paralela y ella tiene como pilar fundamental al Sebin, el cual actúa no solo como policía, sino como fiscal, juez y carcelero, todo al mismo tiempo”.

Un peligro para todos

Alvarado advirtió que los excesos en los que están incurriendo las autoridades no sólo representan un peligro para los opositores y disidentes, sino el conjunto de los ciudadanos.

“Que la policía detenga a una persona sin una orden y sin cometer un delito es algo gravísimo, pero que se detenga a un diputado y no solo no se le presente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como manda la Constitución, sino que de paso se le tenga por casi dos meses detenido sin ser presentado ante un fiscal ni un juez para saber de qué se le acusa es aún peor, pues si eso le pasa a un diputado qué le puede esperar a un ciudadano anónimo”, agregó en clara alusión al caso del legislador suplente Gilber Caro.

Caro, quien también es militante de Voluntad Popular, fue detenido a principios de enero por el Sebin en el estado Carabobo, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas; también bajo la excusa de que le hallaron armas y explosivos. Pese a su condición de miembro suplente del Parlamento fue aprehendido y llevado en un principio a un cuartel militar y luego fue trasladado a una cárcel común en los Llanos, donde según su abogado, Juan Carlos Gutiérrez, ha permanecido sin saber por qué.

“Ya no se molestan ni siquiera en armar un expediente para condenar a alguien que les molesta, como hicieron con Leopoldo López, sino que simplemente lo arrestan y punto. Este caso represente el quiebre absoluto del Estado de Derecho en Venezuela”, afirmó el penalista.

En predios judiciales, por su parte, no solo atribuyen la actitud del Sebin a la radicalización del Gobierno sino a otros motivos más crematísticos.

“En ese organismo hay una mafia corrupta que ve en los presos una fuente de ingresos y entonces se los reparten, de acuerdo con su condición social. A unos les exigen equis cantidad de dinero a cambio de ejecutar las órdenes de los tribunales que los mandan a liberar o a trasladar a los hospitales para recibir tratamiento médico. Quienes pagan salen y quienes no se quedan”, apuntó un abogado.

Desde el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz están conscientes de lo que viene ocurriendo, pero admiten que es poco lo que pueden hacer. “Si el Sebin no cumple una orden judicial y los jueces no toman medidas para ejecutarlas, qué podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos enviar a nadie la cárcel, porque quienes arrestan son las policías y qué policía se va a enfrentar al Sebin; y para enviar a alguien a la cárcel necesitamos que un juez lo ordene y hasta ahora ninguno se ha quejado de que no cumplan sus órdenes”, admitió una fuente de la Fiscalía.

Haciendo memoria

El desconocimiento del Sebin a las decisiones judiciales no es nuevo y su primer antecedente bajo el chavismo se registró en septiembre de 2007, cuando la entonces jueza 4 de Juicio de Maracay, Marjorie Calderón, ordenó el traslado del comisario Iván Simonovis a una clínica para ser operado, pero durante semanas se negó a ejecutarlo.

El entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, achacó la actitud del organismo a los temores de que el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas se escapara.

Sin embargo, en mayo de 2016 se comenzaron a registrar hechos sin precedentes. Agentes del Sebin detuvieron al comisario Coromoto Rodríguez, jefe de escoltas del entonces presidente de la Asamblea Nacional, diputado opositor Henry Ramos Allup, por su presunta implicación en los hechos violentos ocurridos en una marcha registrada en Caracas el 18 de ese mes. Pese a que la Fiscalía ni lo imputó ni lo acusó una jueza decidió mantenerlo detenido hasta agosto pasado.

Al menos otros tres casos se han registrado posteriormente.

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