El crimen se convirtió en Estado, por Henrique Capriles
Henrique Capriles|Prensa de Miranda
La corrupción y el narcotráfico se han convertido en políticas de Estado en Venezuela.
Quienes actualmente ostentan el poder en Venezuela gobiernan bajo una Cleptocracia, es decir, un sistema de gobierno en el que prevalece el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos.
La corrupción se ha insertado en todas las instituciones para proteger a los verdaderos delincuentes y el tráfico de drogas se ha fortalecido con este entramado. El dinero de la corrupción se ha mezclado con el de la droga. En Venezuela sucede aquello que dijo el sacerdote y sociólogo Alejandro Moreno: “No tenemos un estado criminal, tenemos el crimen que se ha convertido en un Estado”.
Si hablamos de números, más de 350 mil millones de dólares han ido a parar indebidamente a los bolsillos de un grupito de enchufados que está completamente enfermo con el poder.
Que un funcionario se corrompa por poco o mucho dinero es inaceptable. Sólo en el gobierno de Maduro van más de 100 altos funcionarios y militares, sancionados por los Estados Unidos por narcotráfico, corrupción y blanqueo de capitales. Lo más grave de las acusaciones que desde otro país se hace es que en nuestro país la justicia apreta más la venda para no ver lo que tiene enfrente. No hay ni una sola investigación abierta sobre estos casos.
En los últimos 10 años, figuras pertenecientes a los poderes públicos, se han involucrado de una u otra manera en el flagelo del tráfico de drogas. El arresto de los dos venezolanos a los que les hicieron juicio marcó un hito en la historia de Venezuela, no solo por su vinculación con las altas esferas del gobierno, sino porque el caso fue llevado por la justicia internacional.
Esta semana, luego de una investigación exhaustiva por parte de los organismos de inteligencia norteamericanos, saltó a la luz pública otro escándalo que involucra a quien ocupa la Vicepresidencia de la República de Venezuela al narcotráfico. Ya nosotros veníamos diciendo que eso iba a ocurrir.
Frente a las serias imputaciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Fiscalía venezolana debería abrir una investigación y ese señor debería, como mínimo, separarse del cargo. El jueguito del gobierno de decir que es un ataque contra Venezuela no tiene cabida ante el señalamiento con nombre y apellido. La acusación no es cualquier cosa, y lo más grave es que si Maduro renunciara hoy, Venezuela quedaría en manos de una persona señalada como narcotraficante.
Y si de corrupción se trata, en 2016 el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), el cual incluye una escala del 1 al 100, donde 1 es más corrupto y 100 es el menos, nos catalogó como el país más corrupto de América y dentro de los 10 más corruptos del planeta, con un indicador de 17 puntos. De 176 naciones evaluadas, Somalia es el peor ubicado en el mundo con 10 puntos.
El registro de casos de corrupción en Venezuela comenzó en 2001 con las revelaciones del Plan Bolívar 2000, la entrega de más de 230 millones de dólares sin control por Cadivi y Cencoex para la importación de alimentos desde 2003, el robo del Fondo de Pensiones de Pdvsa, las cuentas o negocios ilícitos de funcionarios venezolanos en paraísos fiscales, y más recientemente el escándalo de Odebrecht por el pago de sobornos por el orden de 98 millones de dólares a enchufados.
Todos han dejado en la boca el amargo sabor de la impunidad reinante en el país. En una nación verdaderamente democrática, con separación de poderes e instituciones, con medios de comunicación libres; cualquiera de estos hechos, además de la desaprobación total de la opinión pública, acarrearía la destitución, juicio y encarcelamiento de los culpables.
En el caso concreto de Odebrecht, la corrupción es del más alto nivel y en el Registro Nacional de Contratistas cursa una larga lista de grandes, medianas y pequeñas obras y contratos responsabilidad de la empresa brasileña.
Entre los múltiples ilícitos figuran sobreprecios ordenados, duplicación de estudios, dotaciones fantasmas, evaluaciones infladas o falsas y compras innecesarias. Si se hiciera una investigación exhaustiva sobre este caso más de la mitad del gabinete de Maduro se vería salpicado.
Y si quieren saber sobre Odebrecht en Miranda, busquen al señor Cabello. En Miranda, está la mayor parte de las obras inconclusas, por ejemplo el Metro de Guarenas-Guatire, el Cable Tren Bolivariano, el Metro de Los Teques y la Línea 5 del Metro de Caracas. Que además, no serían los únicos casos donde se vería implicado, engavetado en Fiscalía está el “expediente negro” que armó la Procuraduría cuando llegamos a la Gobernación con todas las irregularidades que se consiguieron. Doscientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un millones cuatrocientos veinte y nueve mil bolívares (BS. 284.541.429.000 / BSF. 284.541.429) daba el monto de las irregularidades que se consiguieron en un solo año y que reposan en Fiscalía sin que jamás se abriera una investigación.
Por nuestra parte, nada tenemos que temer porque nunca hemos firmado contrato alguno con la empresa brasileña, y ponemos a disposición todos los archivos de la Gobernación para que se revise a fondo. Nosotros somos transparentes, retamos al gobierno a que lo sea y que se abra una investigación para que se conozca hasta el último dólar que se le pagó a esta empresa.
Un gobierno serio y responsable abriría una investigación ante cada uno de estos hechos, pero el régimen que usurpa actualmente el poder en Venezuela, porque secuestraron también las elecciones y más del 80% del pueblo quiere cambio, se ha victimizado como siempre.
Si Maduro cree que imponiendo la censura comunicacional, echando a periodistas del país para que no investiguen lo de Odebrecht y sacando del aire a un canal de televisión por ventilar el escándalo mundial por narcotráfico vinculado a El Assaimi, no se va a saber la verdad, está muy equivocado. No se puede ocultar el sol con un dedo. Censurando los problemas no cambiarán la verdad.
Aplica muy bien el gobierno el manual de propaganda nazi: “miente, miente, miente, que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá”.
Por eso, hoy más que nunca la verdad debe conocerse. Quienes queremos un cambio, tenemos que ser mensajeros de la verdad y luchar para que esta se imponga.
Hoy las redes sociales están llamadas a ser esa ventana que mantenga informados a todos los venezolanos, y eso al gobierno lo perturba, porque no las han podido controlar. Mientras más el gobierno se empeñe en ocultar los problemas, nosotros tenemos que usar todas las redes para que se conozca la realidad del país.
Estamos seguros que más temprano que tarde en Venezuela reinará la justicia. Todos los presos políticos, como Simonovis, Leopoldo, Ledezma, Ceballos, por nombrar a varios de la extensa lista de más de 100, saldrán en libertad y los que saquearon el país para comprar propiedades y lujos pagarán ante la justicia, porque la justicia tarda, pero llega.
¡Qué dios bendiga a nuestra Venezuela!