Gobierno no quiere que revisen obra de Odebrecht en Zulia

Odebrecht | Foto: AFP

“El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) retuvo ilegalmente este sábado 11 de febrero, a dos periodistas, coordinadores de Transparencia Venezuela en Maracaibo y a dos periodistas de Brasil, quienes estaban recopilando información de las obras inconclusas del puente Nigale, ubicado en el estado Zulia”, informó en un comunicado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), tras la “detención arbitraria” del equipo de profesionales.

Por Yasmín Ojeda/ La Verdad

Jesús Urbina y María José Tua son los periodistas venezolanos, representantes de Transparencia capítulo zuliano, y Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira son los colegas brasileños que realizaban el reporteo de la condición del segundo Puente sobre el Lago, proyecto firmado por el Gobierno con la empresa brasileña Odebrecht, constructora señalada de hechos de sobornos a funcionarios políticos en diversos países de Latinoamérica.

Los cuatro periodistas fueron retenidos a las 11.00 de la mañana y llevados al Sebin, en Maracaibo, “en calidad de retenidos, de acuerdo con la información aportada por Transparencia”, precisó el SNTP. “Los mantienen incomunicados”, despojados de sus teléfonos celulares y los equipos de prensa, resaltó el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia.

“Los periodistas brasileños han sido amenazados con ser expulsados del país, si el Sebin logra constatar que a su entrada en Maiquetía (Aeropuerto Internacional Simón Bolívar) no declararon que visitaban Venezuela por asuntos laborales”, destacó Transparencia Venezuela.

En horas de la tarde, el CNP Zulia, informó que logró ver al profesor universitario, Jesús Urbina, director general de Comunicaciones de la Universidad del Zulia y director de LUZ-FM, desde una puerta entreabierta de la sala de espera de la sede de la Policía política.

Se conoció que los extranjeros se comunicaron con la embajada brasileña para solicitar protección diplomática. La defensa de los comunicadores la representa la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), en coordinación con asuntos legales de la Universidad del Zulia.

El CNP-Zulia señaló que “obstruir la labor de los periodistas, detenerlos y pretender ocultar el material periodístico obtenido no alterará ni tapará la verdad. Exigimos al Sebin y a todos los cuerpos de seguridad del Estado, respeto hacia la labor de los periodistas. Y de igual forma exhortamos al Poder Ciudadano y Judicial a respetar el debido proceso de los ciudadanos detenidos”.

Embajada reacciona

Daniela Guerra, directora general del Codhez, informó a La Verdad que la retención se motiva por “una investigación a los periodistas de Brasil” lo que deriva en una acción contra todos los profesionales.

En la noche, la diplomacia brasileña contactó a la defensora para conocer el estado de los comunicadores. Familias de Urbina y Tua lograron verlos, mientras llegaba la respuesta de su – posible- liberación.

Se esperaba la llegada de un funcionario delegado de la Defensoría del Pueblo para activar la protección y exigir la garantía de respeto a los derechos humanos.

Guerra explicó que el Sebin investiga la legalidad de los periodistas brasileño. En el “mejor de los escenarios” sería la libertad de todos, aunque pesaría una deportación de los brasileños. La embajada conoció la condición legal para fijar amparo a sus ciudadanos. Pasadas las 10.00 de la noche se conoció, a través de la cuenta de Twitter de Transparencia Venezuela, de la liberación de los comunicadores sociales después de 10 horas de retención.

Odebrecht salpica a Venezuela

Venezuela resultó salpicada por los supuestos sobornos que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht en varios países y a varios funcionarios de Gobiernos, algunos ligados a la llamada revolución bolivariana actualmente liderada por Nicolás Maduro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos que señalan que la compañía carioca pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela, entre 2006 y 2015, a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” para “obtener y retener contratos de obras públicas”.